Recurre ante el Tribunal de Justicia de la UE por intervenir precios en un mercado liberalizado y que ha sido catalogado como competitivo por la propia Comisión y por los reguladores.

Telefónica ha abierto una batalla jurídica con Bruselas. La operadora española ha decidido interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el que se solicita que se anule el artículo del Reglamento Europeo que establece una limitación a las tarifas de las llamadas internacionales, tanto en el tráfico fijo como en el servicio móvil.

El Parlamento Europeo aprobó el pasado noviembre la norma que fija que, a partir del 15 de mayo de 2019, ningún operador podrá cobrar a sus clientes más de 19 céntimos de euro por minuto en las llamadas intracomunitarias ni más de seis céntimos por mensaje de texto. En el caso de España, eso supone una rebaja media del 70% respecto a las tarifas que ahora aplican las compañías de telefonía.

Aunque Telefónica, obviamente, cumplirá esta disposición a partir del 15 de mayo, ha decidido recurrir el artículo «por una cuestión de principios», según han señalado en la operadora.

Ingresos en picado

De todas formas, el mercado de las llamadas internacionales ya había venido cayendo en picado en toda Europa en los últimos años como resultado de la competencia de otros actores, como las redes sociales o las aplicaciones de mensajería que han permitido que los ciudadanos pueden realizar llamadas internacionales a través de conexiones vía WiFi a Internet, con servicios como Skype o WhatsApp, de forma prácticamente gratuita.

De hecho, según los datos que maneja la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), el regulador del sector, los ingresos del conjunto de los operadores españoles por llamadas internacionales de fijo y móvil han caído un 75% en la última década. Así han pasado de los 1.240 millones de euros -551 millones de euros en el caso del fijo y 689 millones para los móviles- que reportaron a los operadores en 2008 a los 319 millones -54 millones de fijo y 265 millones de móvil- que habrían aportado en 2018.

En definitiva, se trata ya de un mercado muy pequeño en términos absolutos para Telefónica, así como para el resto de los operadores españoles y europeos, como todos los relacionados con el mercado de la voz.

Peligroso precedente

Sin embargo, Telefónica ha decidido recurrir por el precedente peligroso que supone, en términos regulatorios, que, por primera vez en la historia, el poder político europeo tenga una intervención tan intrusiva como supone regular un precio minorista, en un mercado que no sólo cuenta de forma evidente con alternativas de servicio por parte de los ciudadanos, sino que ha sido formalmente considerado competitivo no sólo por la Comisión Europea, sino también por el Berec, el organismo que agrupa a todos los reguladores europeos de telecomunicaciones.

Es decir, que se considera un precedente de intervencionismo político muy preocupante de cara al futuro.

De hecho, cuando se estaba redactando el actual Código de Comunicaciones Electrónicas, que ha sustituido a las anteriores directivas, la Comisión Europea declinó intervenir este mercado de llamadas internacionales en coherencia con su propia postura que consideraba suficientemente competitivo este segmento. Fue el Parlamento europeo, siempre más proclive a concesiones populistas, el que incluyó esta medida que finalmente acabó siendo admitida por la Comisión Europea y el Consejo Europeo.

Deutsche Telekom

Telefónica no ha sido la única operadora que ha tomado la decisión de interponer un recurso contra la limitación ya que Deutsche Telekom, el gigante alemán del sector, ha apreciado los mismos riesgos regulatorios de cara al futuro que establece este precedente y ha decidido recurrir igualmente la limitación y con los mismos argumentos.

En opinión de los expertos consultados por EXPANSIÓN, «no hay un fundamento regulatorio suficiente que considere una intervención tan intrusiva como la fijación de precios minoristas en un mercado que ha sido considerado competitivo».

Con las mismas razones, el poder político europeo podría, también, regular con total arbitrariedad cualquier otro mercado de la industria, como el precio de los datos en el móvil en los mercados nacionales o el de los paquetes convergentes.

Fuente: Expansión.com