Este jueves, el investigador asociado al think tank con sede en Bruselas y profesor asociado de Economía de la Universidad Loyola Andalucía (Sevilla), Michael Christl, se dirigió al Subcomité de Asuntos Fiscales del Parlamento Europeo para explicar que el impuesto sobre el patrimonio neto es tremendamente «distorsionante» y no sirve para corregir desigualdades.

«Gravar el valor de un activo, independientemente de su rentabilidad económica, puede generar una doble o triple imposición», denunció el experto. Por otro lado, en el caso de aplicar el gravamen entre el 2% al 3% a bonos o depósitos bancarios, «puede confiscar» todos los intereses devengados, «sin que se incremente el ahorro a largo plazo».

España es el único país de la UE que todavía conserva una figura tributaria de este estilo y, en el Viejo Continente, solamente Noruega y Suiza la aplican.

El experto basó su argumentación en que, desde 1965, 13 países impusieron un impuesto sobre el patrimonio neto, de los cuales, actualmente, solo quedan 4 miembros con esta figura tributaria, entre los que está España que tiene el gravamen más alto del mundo.

De acuerdo con las cifras de la OCDE, España aplica un impuesto sobre el patrimonio con carácter progresivo. Los tipos impositivos oscilan desde el 0,16% establecido en el régimen foral navarro hasta un máximo del 3,5% para los patrimonios que superan los 700.000 euros.

Aesto hay que sumar el «impuesto sobre el patrimonio neto» que implantó en 2022 el gobierno de Pedro Sánchez, con esa tasa que va entre el 1,7% al 3,5% sobre las personas con activos superiores a los tres millones de euros. El tributo también alcanza a los residentes en España por los bienes que posean fuera del país. En cambio, quienes viven en el extranjero solo tributan por los activos que mantienen dentro del territorio español.

Para el experto, conservar este tipo de tributos «espanta» al patrimonio, ya que las personas con movilidad «pueden (y de hecho lo hacen) reestructurar y reasignar su patrimonio» para minimizar sus obligaciones con la Agencia Tributaria. Asimismo, este tipo de impuestos «reducen la base de los impuestos generales sobre la renta, las nóminas y el consumo».

Estimaciones infladas y fuga de capitales
El experto de Tax Foundation Europe recalca que las estimaciones de recaudación que se prometen por parte de los gestores públicos están infladas: «Los ingresos previstos están sustancialmente sobreestimados, con rendimientos realistas muy por debajo de las previsiones generales».

«En 2022, Noruega aumentó su impuesto sobre el patrimonio y rápidamente vio un éxodo de personas con un alto patrimonio neto a países como Suiza y el Reino Unido», contó Christl.

Esto quiere decir que un impuesto sobre el patrimonio neto implicaría «menor inversión, pérdida de empleos y disminución de los ingresos netos», dijo el economista.

Por otro lado, el experto añadió que la mayoría del patrimonio «de los que son muy ricos» no es en efectivo ni en acciones. Las grandes fortunas lo distribuyen en empresas privadas, bienes raíces, obres de arte y fidecomisos, muy difíciles de valorar. Por eso, esto crea a las haciendas de los países una dificultad enorme para hacer cumplir a estos contribuyentes con sus obligaciones fiscales. «Las valoraciones anuales requieren mucho tiempo, son costosas y propensas a disputas legales», dijo.

Asimismo, las personas con una enorme riqueza tiene acceso a «sofisticados planificadores fiscales, lo que socava aún más la equidad de la aplicación de la ley». De hecho, en muchos casos «los costos de cumplimiento y las cargas de la aplicación de la ley superan los ingresos recaudados», por lo que las políticas fiscales se vuelven completamente ineficientes.

Para Michael Christl la clave para conseguir ingresos extra está en diseñar políticas eficientes «basadas en inamovibles» como subir el IVA o impuestos sobre la propiedad inmobiliaria que grave sobre el terreno construido y no sobre la vivienda.

Fuente: El Economista