Es un problema financiero para cualquier Estado, pero todavía más en una economía obligada a una firme disciplina fiscal.

El anteproyecto para luchar contra el fraude fiscal, que el Gobierno aprobó hace un par de semanas, incluye una medida cuyo objetivo es evitar el uso de los pactos sucesorios como fórmula para reducir el pago de impuestos. La norma viene a corregir un agujero que ha dado más de un dolor de cabeza a Hacienda y que se ha convertido en un mecanismo de elusión fiscal en comunidades autónomas de régimen foral. Las denominadas herencias en vida, acuerdos sucesorios que permiten transmitir los bienes sin esperar al momento de la muerte, están contempladas tradicionalmente en los Derechos civiles forales, pero su popularidad actual se debe en gran medida a que permiten beneficiarse de un tratamiento tributario mucho más ventajoso que el de las donaciones.

El propio Tribunal Supremo, en una sentencia de 2016 en la que da la razón a un contribuyente gallego en contra de Hacienda, advirtió que si los pactos sucesorios son utilizados para eludir las obligaciones fiscales –tal y como argumentaba la Agencia Tributaria en el recurso– lo que esta debía hacer era extremar la vigilancia mediante sus servicios de inspección o instar una reforma legal. A la vista del anteproyecto presentado por el Gobierno, se ha decidido elegir la segunda opción y tratar de taponar por vía regulatoria esa fuga de agua fiscal.

La ofensiva contra los pactos sucesorios es solo una medida más en un contexto de lucha contra el fraude que todo nuevo Gobierno, y el actual no es una excepción, se esfuerza por priorizar. Se trata de un problema de raíces casi endémicas, lo que hace obligado renovar y reforzar constantemente los medios para combatirlo. Es siempre un problema financiero para cualquier Estado, además de una cuestión de equidad tributaria y justicia social, pero su importancia se multiplica si cabe en una economía como la española, obligada a someterse a una firme disciplina fiscal.

Fuente: Cincodías.com