Exigen un sistema financiero que preste muchos más servicios.

La España rural se desangra demográficamente a un ritmo medio de cinco habitantes menos cada hora. Esa es la dramática radiografía que arrojan los datos del Instituto Nacional de Estadística y que colocan a 14 de las 50 provincias españolas en situación crítica, con el 80% de sus municipios en grave riesgo de extinción.

El problema, agravado exponencialmente por el envejecimiento progresivo de las zonas rurales, no es nuevo, aunque las soluciones, a golpe de gasto público, lejos de arrojar un rayo de esperanza no permiten ser demasiado optimistas ante el futuro.

Convertir el círculo vicioso de la despoblación en un círculo virtuoso en el que las áreas rurales puedan poner en valor su ventaja competitiva y convertirse en foco de creación de riqueza -no exclusivamente con la actividad agrícola sino también con las oportunidades que da Internet o la oferta de ocio que ofrece el turismo rural-, es la propuesta que los economistas Javier Santacruz y Luis Torras han elaborado para el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, la organización agraria más antigua de España. Su modelo se apoya en tres pilares: infraestructura digital, reforma fiscal y educación.

Medidas fiscales

En una primera entrega, los dos economistas plantean la creación de zonas económicas especiales teniendo como unidad el municipio a las que aplicar medidas fiscales y regulatorias en varias fases, comenzando por aquellas donde la despoblación es más acuciante. En su estudio, plantean para esas zonas exenciones fiscales del 100% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de hasta un 50% en el Impuesto sobre Sociedades en los primeros diez años y del 50 y del 25% a cada impuesto en los cinco años siguientes. Estas condiciones fiscales serían aplicables no solo a la actividad agrícola, sino «a todos los residentes» dado el «efecto arrastre» que tendrían sobre el conjunto del tejido productivo y, especialmente, dada la pertenencia de España a la UE, para que no sean considerados ayudas de Estado. Su propuesta da «una consideración esencial» a las cotizaciones a la Seguridad Social, que suponen una carga fiscal en las rentas agrarias desde el 12,05% hasta el 38,76%, fundamentalmente como mecanismo que incentive el ahorro a largo plazo.

Para ello, proponen un tipo único de cotización del trabajador y del empresario del 15% sobre una base máxima y mínima fijada cada año por Ley, de manera que el porcentaje hasta el actual tipo combinado del 36,25% en el Régimen General de la Seguridad Social o del 35,63% en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, se destinaría a una cuenta a nombre de la persona con aportaciones mensuales fiscalmente deducibles en el IRPF y cuya gestión correría a cargo del titular o si este es trabajador por cuenta ajena, con gestión delegada en la empresa que lo tiene contratado -por ejemplo, a través de planes de empleo-.

Para cerrar ese círculo virtuoso fiscal proponen eliminar la imposición directa sobre la riqueza y el patrimonio -IBI, Impuesto de Patrimonio, Impuesto de Sucesiones y Donaciones…- y bascularla sobre los impuestos indirectos, teniendo en cuenta su gran importancia para equilibrar las cuentas públicas por su carácter menos distorsionante de la actividad económica y la aportación que España tiene que realizar cada año al presupuesto comunitario. Proponen además incentivos para nuevas inversiones en los negocios ya establecidos.

El papel de las entidades financieras

Una parte importante de su modelo es la prestación de servicios públicos básicos: sanidad y educación. Así abogan por reforzar la red de médicos y maestros rurales, concentrando en ellos la financiación para una atención rápida de cualquier incidencia.

La propuesta del Instituto de San Isidro, integrado en Ceoe, considera «muy importante» la variable financiera para frenar el despoblamiento rural al poder actuar como elemento que «engrasa el círculo productividad-ahorro-inversión y crecimiento. Y en un contexto donde el ahorro crecería de forma notable, y dadas las necesidades operativas que los agricultores y ganaderos tienen a día de hoy, el papel de las entidades bancarias y de seguros, históricamente vinculadas al mundo rural a través de las cajas de ahorro, se vuelve «esencial» en la estrategia contra la despoblación. El sector agrícola genera 735 millones de euros de forma directa sobre la actividad bancaria y aseguradora y las entidades financieras disponen en las zonas rurales de sus mejores indicadores de solvencia, con ratios de depósitos por empleado y por oficina o de créditos sobre depósitos por encima de las zonas urbanas. De hecho, pese a los ajustes que ha tenido que acometer, el sector mantiene su tradicional vínculo con el desarrollo de la agricultura. Según datos de la CECA, pese a los ajustes de la crisis económica, el 31% de las oficinas bancarias se encuentran en poblaciones de menos de 10.000 habitantes. Las entidades más expuestas son Caixabank con 1.349 sucursales, seguido de Ibercaja con 549.

«Las entidades financieras tienen que prestar servicios más allá de los tradicionales depósitos y créditos. Deben convertirse en centros de referencia en los que concentrar servicios digitales, culturales o jurídicos», explica Javier Santacruz, «un aspecto que desarrollaremos en nuevos informes».

Fuente: ElEconomista.es