Cristóbal Montoro pretende traspasar el grueso de la fiscalidad medioambiental a manos de las comunidades.

El Ministerio de Hacienda acometerá la reforma de los impuestos medioambientales durante la negociación de la financiación autonómica con las comunidades. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, pretende traspasar el grueso de la fiscalidad medioambiental a manos de las comunidades autónomas. Entre los planes del Ejecutivo está acabar con el tratamiento fiscal que favorece al diésel y elevar los impuestos sobre el gasóleo y los vehículos más contaminantes. El Gobierno de Rajoy quiere zanjar así el enésimo rapapolvo de Bruselas, que la semana pasada volvió a criticar a España por la baja tributación de los carburantes.

La Comisión Europea ha vuelto a señalar a España por la baja fiscalidad sobre los impuestos medioambientales y, en especial, sobre el diésel. «Los impuestos medioambientales están aún por debajo de la media de la UE, a pesar de los aumentos de los últimos años», señalaba Bruselas en un informe sobre la economía española publicado el pasado miércoles.

Las autoridades comunitarias reprochan a España que la recaudación de los llamados impuestos verdes represente solo el 1,9% del PIB, según datos de 2016, frente a la media del 2,4% de la UE. Bruselas pone el acento en los impuestos sobre la energía, que abarcan el tratamiento fiscal de los combustibles. Y en concreto sobre «el bajo nivel de impuestos especiales sobre la gasolina sin plomo y el diésel». La Comisión destaca especialmente «el caso del diésel, en el que España aplica el impuesto especial mínimo, a pesar de que el diésel tiene un mayor contenido de carbono y energía que la gasolina sin plomo». El rapapolvo de Bruselas no termina ahí: «Los impuestos sobre el transporte, como los impuestos a los vehículos, solo producen la mitad de los ingresos en España que la media de la UE (0,2% en comparación con el 0,5% del PIB)».

Expediente sancionador

No es la primera vez que Bruselas señala a España. Viene haciéndolo periódicamente desde, al menos, 2012. Otras instituciones internacionales como la OCDE o el FMI también han reclamado mejoras en este ámbito. La tendencia internacional pasa por aumentar los impuestos a aquellas actividades perjudiciales, que afectan al medioambiente o contaminan —las llamadas «externalidades negativas», según la academia—. Y la mayoría de los países están elevando los impuestos sobre el diésel. Paralelamente, muchas capitales europeas están aprobando restricciones a este tipo de motores, que expulsan mucho más dióxido de nitrógeno (NO₂) que los de gasolina.

La Comisión tiene abierto un expediente contra España por incumplir desde 2010 los límites de NO₂ en Madrid y Barcelona y ahora debe decidir si lleva al Gobierno ante el Tribunal de Justicia de la UE. Bruselas está evaluando en estos momentos los planes de España de lucha contra la contaminación y entre las recomendaciones que ha hecho a los países incumplidores está emplear la fiscalidad. El Gobierno es consciente de que la fiscalidad es un instrumento útil contra la polución y así lo reconoce el Ministerio de Medio Ambiente en el vigente plan nacional de calidad del aire, que incluye la posibilidad de acometer una reforma fiscal verde.

En diciembre de 2016, el Gobierno ya se comprometió con Bruselas a modificar la fiscalidad verde para recaudar 500 millones de euros más. Pero meses más tarde descartó la medida que se reservó por si tenía que aumentar la recaudación en caso de que se desviara el déficit público. Por lo que volvió a meter la medida en el cajón.

Ahora el Ejecutivo del PP pretende abordar una reforma de la fiscalidad verde en el ámbito de la financiación autonómica. Fuentes gubernamentales reconocen que incluirán en esta revisión los impuestos sobre los residuos y relativos a la contaminación. En este sentido, admiten que trabajan por reforzar el papel de las comunidades con el impuesto sobre los hidrocarburos. Este impuesto está cedido parcialmente a las autonomías, que pueden establecer un gravamen suplementario sobre el mismo, aunque acotado con una horquilla. El plan de Hacienda pasa por aumentar los gravámenes del diésel.

Penalizar al diésel

La organización Ecologistas en Acción presentó la semana pasada una propuesta para penalizar fiscalmente a los vehículos diésel. «Los impuestos tienen un gran potencial a la hora de desincentivar la compra de los vehículos más contaminantes», explicaba el informe. El documento aboga por modificar el impuesto de hidrocarburos para que en el plazo de cuatro años se equipare «la imposición de gasolina sin plomo y gasoil». Ecologistas en Acción también pedía cambios en el impuesto de matriculación para reducir el número de vehículos que están exentos de pagarlo a pesar de ser contaminantes.

En la reforma fiscal verde que prepara el Gobierno también pretende tocar el impuesto de circulación, en manos de los Ayuntamientos, para poder gravar más a los vehículos más contaminantes. «Como se propone en el Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español (2014), una vía de avance podría ser la integración del impuesto de matriculación con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (circulación), de ámbito municipal, dejando la gestión del nuevo tributo en manos de los Ayuntamientos», señalan los expertos que hicieron la propuesta de la reforma de la financiación autonómica encargada por Hacienda. «La fijación de dos tipos, uno autonómico y otro municipal, permitiría la compartición de la figura entre comunidades autónomas y Ayuntamiento», añaden.

Fuente: ElPais.com