La prórroga de los presupuestos decretada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tras el anuncio de adelanto electoral en Cataluña, despeja varias de las incógnitas que Moncloa debía desvelar durante los próximos meses. La extensión de las cuentas de 2023 tendrá consecuencias sobre la política económica. Frustrará varios de los planes iniciados por el Ejecutivo, dejará en el aire los compromisos adquiridos con ERC, Junts y el PNV, y arriesgará el cumplimiento de la disciplina fiscal.

La prórroga desactiva la senda fiscal aprobada a inicios de año por el Ejecutivo, y vetada por el Senado. En su lugar, España seguirá regida por unos presupuestos redactados en un contexto muy diferente al actual. Las previsiones económicas sobre las que el Gobierno redactó las pasadas cuentas eran más favorables, y el techo de gasto se diseñó para un año en el que las reglas fiscales seguían suspendidas. De hecho, la mayoría de organismos descartan el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda este año, y más si Sánchez pierde la baza de los ajustes que los analistas recomendaban incluir en el proyecto presupuestos.

La senda fiscal

Todo queda en manos de los ingresos. El Banco de España pronostica que la recaudación mantenga un ritmo vivo durante los próximos meses; sin embargo, anticipan una caída de los ingresos procedentes de los impuestos indirectos por el efecto bajada de la inflación. El resto, dependerá del crecimiento que la economía consiga firmar de aquí a final de año. Un punto delicado, ya que la previsión más reciente -difundida ayer por el Panel de Funcas- estima un avance constante del PIB intertrimestral del 0,4%, inferior a las tasas de 2023.

Quita de deuda autonómica

La renuncia al proyecto de presupuestos tumba el mecanismo de quitas de deuda de las autonomías con el Fondo de Liquidez Autonómica, al menos de momento. Los de Sánchez anunciaron -tras su acuerdo de investidura con ERC- la condonación de una parte proporcional del pasivo que las regiones mantenía con el FLA, y que pasaría a asumir el Estado. El sistema estaba siendo negociado entre el equipo de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero y los gobiernos autonómicos, y estaba previsto que se formalizara a través de la ley de presupuestos.

Anulada esta vía, el Ejecutivo solo cuenta con otra alternativa, aunque más lenta y costosa. Hacienda podría optar por incluir las quitas en la reforma de financiación autonómica; sin embargo, la complejidad de la norma demandará de muchos meses más de conversaciones para poder ver la luz, tras años encerrada en un cajón. Además, el adelanto electoral en Cataluña -y el posible cambio en el tablero político- podría cambiar el equilibrio de fuerzas -no en el Congreso- pero si en los despachos. Si el PSC de Illa vuelve a tener las llaves de la Generalitat, las consecuencias se dejarán sentir en el equilibrio parlamentario con el que cuenta Sánchez en la Cámara Baja.

 Entrada en Telefónica

La permanencia de las cuentas de 2023 trae consigo consecuencias en el ámbito fiscal y empresarial. La prórroga arriesga la operación de entrada del Gobierno en Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Los de Sánchez estudiaban incluir una transferencia a la empresa pública a través de los presupuestos para consumar su internada en 10% de la teleco. Ahora, Moncloa deberá rediseñar sus planes consumar la operación.

Impuesto a la banca y energéticas

En materia fiscal, se abre un quebradero de cabeza para Montero. La titular de Hacienda contaba con el proyecto de presupuestos para incluir la permanencia -previa modificación- de los impuestos especiales a la banca y las energéticas. En las cuentas, la vicepresidenta, preparaba además la inclusión del beneficio fiscal para empresas, con las que el Ejecutivo quería reconciliarse con las compañías afectadas por el gravamen, y que fue una de las condiciones que el PNV impuso a Sánchez a cambio de su sí en el debate de investidura.

El calendario electoral no solo cuenta con la cita de Cataluña con las urnas, también dibuja los comicios vascos, que se celebrarán el 21 de abril. El resultado de las elecciones serán claves para las relaciones del jefe del Ejecutivo con PNV y Bildu, necesarios -ambos- para mantener a flote la legislatura en Madrid.

Fuente: El Economista