El impuesto a la generación eléctrica (IVPEE) del 7% es un tributo que grava el valor de la producción de energía en España. Este impuesto, regulado por la Ley 15/2012, fue diseñado para financiar los costes del sistema eléctrico, como el déficit de tarifa, y promover la sostenibilidad medioambiental. Sin embargo, ha generado controversias debido a sus efectos en el sector energético ya que supone un encarecimiento de la generación renovable que únicamente se aplica en España y un coste extraordinario aún cuando se registren precios bajos en el mercado mayorista o incluso negativos.

¿Cómo se aplica este impuesto?

El impuesto se calcula sobre los ingresos brutos que obtienen las empresas productoras de electricidad por la venta de la energía generada, sin descontar gastos ni otros impuestos. El tipo impositivo establecido es del 7%, lo que significa que las compañías deben abonar ese porcentaje sobre el valor total de su producción eléctrica.

¿A quién afecta?

El impuesto afecta directamente a los productores de electricidad en España, sin importar el tipo de tecnología que utilicen. Entre ellos se encuentran:

Centrales térmicas que funcionan con carbón o gas natural
Plantas de generación renovable, como las solares, eólicas, hidráulicas y de biomasa
Centrales nucleares
Aunque está dirigido a las empresas generadoras, el impacto de este impuesto puede extenderse a otros actores. Por ejemplo, una parte del coste se traslada al precio final que pagan los consumidores. Asimismo, ha suscitado preocupación en el sector renovable, ya que podría reducir la rentabilidad de estas tecnologías y afectar la inversión en energías limpias.

Este tributo fue introducido en 2012 como parte de un paquete de medidas para reducir el déficit tarifario del sistema eléctrico español. Sin embargo, su aplicación ha estado marcada por suspensiones temporales en años como 2018 y 2021, con el objetivo de aliviar el impacto de los altos precios de la electricidad en los consumidores por el impacto de la crisis energética causada por la invasión rusa de Ucrania.

A lo largo de los años, este impuesto ha recibido críticas por tratar de manera igualitaria a todas las tecnologías de generación, sin distinguir entre fuentes renovables y no renovables. Esto ha llevado a discusiones sobre si el tributo contradice los objetivos de transición energética y descarbonización del país, un extremo que la propia vicepresidenta Sara Aagesen, ha mostrado ya disposición a estudiar.

En resumen, el impuesto a la generación eléctrica del 7% es una medida controvertida que busca recaudar fondos para el sistema eléctrico, pero cuyos efectos pueden repercutir tanto en el desarrollo del sector energético como en el bolsillo de los consumidores y supone una merma de competitividad para la industria española.

Por contra, la medida resulta necesaria para poder mantener el equilibrio financiero del sistema eléctrico, al menos, hasta que desaparezca el pago del déficit tarifario, previsiblemente, en 2028.

Fuente: El Economista