PwC ha suspendido a nueve socios y se ha comprometido a publicar los resultados de una revisión interna a finales de este año, mientras trabaja para contener el escándalo de las filtraciones fiscales en el que se han visto envueltas sus operaciones en Australia.

La empresa ha estado sometida a un intenso escrutinio público tras la publicación de correos electrónicos que demostraban que había utilizado información confidencial sobre cambios en la legislación fiscal del gobierno para conseguir nuevos negocios.

La medida de suspender a nueve socios -incluidos miembros de su junta ejecutiva y de gobierno- es la última escalada de un escándalo que estalló en febrero. PwC declaró que delimitaría el trabajo que realiza con el gobierno federal en Australia para reducir posibles conflictos de intereses.

El ex director de fiscalidad internacional de PwC, Peter Collins, fue expulsado este año por el organismo de control fiscal de Australia por compartir información confidencial con sus compañeros sobre los planes del Gobierno para cambiar las leyes de evasión fiscal. Los correos electrónicos mostraban cómo PwC había utilizado información confidencial para conseguir nuevos negocios.

La publicación de los correos electrónicos redactados entre Collins y otros socios de PwC, tanto en Australia como a escala internacional, ha creado una crisis global para la empresa. Tom Seymour, responsable de PwC Australia, dimitió este mes, mientras que el Tesoro australiano ha remitido la situación a la policía federal para que estudie la posibilidad de abrir una investigación penal.

Kristin Stubbins, consejera delegada en funciones de PwC Australia, publicó el lunes una carta para pedir disculpas. «Quiero pedir disculpas en nombre de PwC Australia. Por compartir información confidencial sobre política fiscal del Gobierno y por traicionar la confianza depositada en nosotros», declaró Stubbins. Stubbins explicó que la filtración pone de manifiesto un «fracaso de liderazgo y gobernanza» y lo que ella llamó una «cultura de marketing agresiva en nuestro negocio fiscal» en Australia.

Tracey Kennair, presidenta del consejo de gobierno de PwC Australia, y Paddy Carney, presidente de su comité de riesgos, han dejado sus cargos.

Stubbins aseguró que la empresa publicaría las conclusiones de una revisión interna realizada por el ex ejecutivo de telecomunicaciones Ziggy Switkowski a finales de septiembre.

PwC no ha revelado los nombres de los socios que aparecían en los correos electrónicos ni de los clientes que podrían haberse beneficiado del asesoramiento personalizado basado en la información confidencial. Un senador intentó forzar la publicación de los nombres en una audiencia celebrada la semana pasada, pero no lo consiguió.

Deborah O’Neill, senadora del partido laborista en el poder que provocó la publicación de los correos electrónicos redactados, afirmó que el escándalo había planteado dudas sobre todo el sector de la consultoría. «El contagio es real», sentenció O’Neill.

El primer ministro, Anthony Albanese, declaró el lunes a la emisora de radio 2SM que el escándalo era una «terrible acusación» contra el sector y que cualquier gobierno tendría que estudiar las «cuestiones éticas que se derivan de este comportamiento de PwC».

Stubbins describió el escándalo como «personal y profesionalmente devastador». Sin embargo, trató marcar distancias con sus clientes.

«Nuestros clientes no ha estado implicados en ningún momento y no se utilizó información confidencial para que los clientes pagaran menos impuestos», afirmó.

Collins no ha respondido a las peticiones de comentarios desde que salió a la luz el escándalo.

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Fuente: Expansión