Hacienda retirará al abogado interno de empresa el secreto profesional.

Abogados, asesores fiscales y patronales empresariales subrayan la importancia del secreto profesional del abogado interno y externo para garantizar la seguridad jurídica.

El mundo de la Abogacía y de la empresa muestra preocupación e inquietud por la reforma de la Ley General Tributaria que va a emprender Hacienda para adaptarse a la Directiva sobre operaciones transfronterizas que incrementa los controles sobre los asesores fiscales. Según publicó este diario el miércoles, un borrador del Fisco traslada que va a emprender una regulación del secreto profesional del abogado y asesor fiscal y parte de que el abogado interno de empresa no tiene secreto profesional. Asociaciones de abogados, de asesores fiscales y patronales empresariales subrayan la importancia del secreto profesional del abogado interno y externo para garantizar la seguridad jurídica y el Derecho de defensa de ciudadanos y empresas.

Así, desde CEOE trasladan que el secreto profesional del abogado es «la expresión principal del Derecho Fundamental a la defensa, imprescindible en todo Estado de Derecho» y que en España se reconoce en el artículo 24.2 de la Constitución y en varias leyes (entre otras, Ley Orgánica Poder Judicial; Leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal y el Estatuto de la Abogacía). «Si una empresa -o cualquier ciudadano- no puede confiar en que la información que transmite a su abogado -interno o externo- no será revelada a terceros será reacia a trasladarla, imposibilitándole contar con un asesoramiento jurídico de garantías», advierte la patronal.

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) subraya que el secreto profesional es «irrestricto» por definición en garantía de los derechos de los ciudadanos y sólo admite limitación en relación con el Derecho de la Competencia de la UE y no en el nacional. «Debe tenerse en cuenta que no tiene limitación ni en la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales, ni siquiera en la Directiva 2018/822 que ahora va a transponer Hacienda. Y como la LOPJ afirma nítidamente, el secreto afecta a todas las modalidades de actuación profesional del abogado», advierte. En esta línea, José María Alonso, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), el mayor de Europa, subraya que el Estatuto de la Abogacía no diferencia entre abogado interno y externo, que tienen la misma protección, por lo que advierte de que va a mantener una «posición muy clara» de defensa activa de este principio.

Isabel Dutilh, vicepresidenta del Círculo de Empresarios, muestra su «preocupación» por la excesiva producción normativa española, que cree que lleva a tomar decisiones poco meditadas y a veces injustas y a que se utilice a veces la transposición de Directivas para ir más lejos que éstas y para que no haya armonización con la UE. Dutilh advierte de que «los abogados y las empresas españolas perderán ventajas competitivas» respecto a los de países de nuestro entorno, ya que no se les podrá revelar información.

Javier Ramírez Iglesias, miembro del Consejo de dirección y responsable de Advocacy de ACC Europe, la mayor organización de abogados de empresa a nivel mundial, con más de 46.000 miembros en 90 países, avisa de que «retirar el secreto profesional al abogado de empresa colegiado, además de ser cuestionable jurídicamente, iría contra la tendencia internacional y de la OCDE, también en países donde se cuestionaba su aplicación, como Bélgica y Holanda».

José Ignacio Alemany, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), destaca que «ante la inestabilidad normativa, que debilita la confianza y la seguridad jurídica, es fundamental, para poder aplicar la ley correctamente, que los ciudadanos puedan confiar en expertos que les asesoren sin miedo de que sean desglosadas a la Administración Tributaria».

Jesús Sanmartín, presidente del Consejo General de Economistas-Asesores Fiscales (Reaf), advierte de que la profesión de asesor fiscal, que ejercen abogados y economistas, no está regulada en España y apunta que debe protegerse la actividad, en este caso, el asesoramiento fiscal, que puede ser el mismo que el que ofrece un abogado especializado en fiscalidad.

Fuente: Expansión.com