El Gobierno ha obviado por ahora las numerosas advertencias respecto a los efectos perjudiciales del nuevo impuesto sobre las grandes fortunas con el argumento de que estos contribuyentes deben aportar más a las arcas públicas para financiar las medidas contra la escalada inflacionaria. Pero tras apenas un mes en vigor, la banca de inversión ya ha detectado un freno en la llegada de patrimonios a nuestro país. Una tendencia que, de consolidarse, pondría en peligro la recaudación extra de 1.500 millones de euros esperada por el Ejecutivo con este tributo, excesivamente optimista para los fiscalistas.

Frente a la caricatura dibujada por PSOE y Podemos para defender esta fiscalidad revanchista contra «los ricos», las entidades financieras alertan de que quienes optan por instalarse en países con un mejor trato fiscal como Italia o Portugal son empresarios y profesionales, por ejemplo los denominados nómadas digitales. El populismo fiscal de Pedro Sánchez genera un grave deterioro de la capacidad de la economía española para captar inversiones, patrimonios y talento. Además de imponer una tasa específica sobre las grandes fortunas, ha elevado en sólo tres años la carga fiscal al ahorro para rendimientos superiores a 300.000 euros en siete puntos, hasta el 28%.

También generan inquietud entre los patrimonios extranjeros el señalamiento público a determinados empresarios y sectores por parte de varios ministros como presuntos beneficiarios de la crisis inflacionaria, así como la incertidumbre en torno a la vigencia temporal de los nuevos impuestos a grandes fortunas, banca y empresas energéticas, puesto que una parte del Gobierno exige que no se apliquen únicamente en los ejercicios 2023 y 2024, sino que tengan carácter permanente. Hacienda no parece haber calibrado bien los previsibles resultados de su ofensiva contra las grandes fortunas y las rebajas fiscales de los gobiernos regionales.

La pérdida de grandes patrimonios detectada por la banca de inversión sería un magro resultado de la armonización al alza del trato fiscal a las fortunas forzada por el Ministerio de Hacienda para revertir las bonificaciones en el Impuesto de Patrimonio aprobadas por los gobiernos autonómicos de Madrid, Andalucía, Galicia y la Región de Murcia. Una artimaña legal sobre la que planean fundadas dudas legales, en las que se basan los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional por las comunidades autónomas afectadas.

Fuente: Expansión