El ayuntamiento de Madrid ha presentado una demanda judicial millonaria contra el Gobierno por la pérdida de ingresos que ha sufrido en la recaudación del impuesto de plusvalía. En concreto, el consistorio reclama 713 millones de euros por la inactividad del Ejecutivo ante los sucesivos pronunciamientos judiciales que fueron desarticulando el Impuesto sobre el incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Iivtnu).

El ayuntamiento de Madrid, que dirige por mayoría absoluta el alcalde del PP José Luis Martínez-Almeida, presentó inicialmente una reclamación de responsabilidad patrimonial al Gobierno central, que fue desestimada en el Consejo de Ministros del pasado 14 de noviembre. En respuesta, la Junta de Gobierno de Madrid autorizó el pasado 21 de diciembre a la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, a iniciar acciones judiciales mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo directamente ante el Tribunal Supremo, según hizo público el consistorio este viernes.

El ayuntamiento reclama en total 713,3 millones de los que el grueso, 530,1 millones, corresponden a los daños producidos directamente por la inactividad del Gobierno central ante el goteo de sentencias contra el tributo que fue emitiendo el Tribunal Constitucional hasta terminar anulando su método de cálculo en octubre de 2021. Los 183,2 millones de euros restantes, detalla el ayuntamiento, son el importe aproximado al que ascenderán las anulaciones de derechos que habrá que realizar, así como las devoluciones de ingresos indebidos aún pendientes.

El gobierno municipal ya presentó en 2018 una reclamación de responsabilidad patrimonial al Gobierno central en términos similares, por 810.481 euros, que también fue denegada por el Consejo de Ministros, en 2020, pero que en aquella ocasión no fue recurrida en tribunales. Una decisión que el ayuntamiento justifica porque el impuesto aún no había sido totalmente tumbado.

El pulso judicial del ayuntamiento de Madrid supone una afilada punta de lanza para el resto de municipios españoles que, según sus cálculos, han perdido un total de 4.000 millones por el hecho de que el Gobierno no apuntalara constitucionalmente este instrumento clave de la recaudación local con una reforma hasta que fue anulado.

Fuente: Expansión