La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) critica que el retraso a 2027 de la puesta en marcha de Verifactu, el nuevo sistema de facturación para empresas y autónomos, castiga a las compañías que han dedicado tiempo, recursos y esfuerzo en adaptarse, mientras premia a quienes no han acometido las preparaciones necesarias.

El Gobierno anunció este martes el aplazamiento esta normativa, tan solo un mes antes de su puesta en marcha. Inicialmente, las compañías con unos ingresos inferiores a los 6 millones de euros debían contar con un sistema informático de facturación que cumpliera con los nuevos requisitos exigidos por el fisco a partir del 1 de enero de 2026; mientras que los autónomos debían hacerlo a partir del 1 de julio de 2026. Ahora, se retrasa al 1 de enero de 2027 y el 1 de julio de 2027, respectivamente.

La AEDAF subraya que, aunque a muchas empresas, pymes y autónomos la decisión ha sido un «alivio», el aplazamiento a tan solo un mes de su entrada en vigor transmite un mensaje negativo y evidencia la falta de planificación de la Administración.

«Modificar en el último momento una obligación de tal relevancia afecta directamente a la confianza de las empresas en la estabilidad normativa y genera dudas sobre la capacidad de previsión de la política fiscal. En un entorno económico ya complejo, la seguridad jurídica y la claridad institucional deben ser pilares irrenunciables», indica la asociación en un comunicado.

Los asesores fiscales señalan que miles de empresas, pymes y autónomos han tratado de adaptarse a unas obligaciones cuyo alcance, funcionamiento y operativa todavía planteaban dudas relevantes, incluso para la propia Administración. En muchos casos, además, estas empresas habían realizado ya inversiones significativas, adaptado sus sistemas de facturación, contratado soluciones tecnológicas y participado en cursos de formación.

A su juicio, el aplazamiento anunciado constituye un reconocimiento implícito de que «la preparación no ha sido suficiente para garantizar una implantación ordenada, gradual y técnicamente solvente». «Una modernización fiscal de la envergadura de Verifactu exige anticipación realista, evaluaciones de impacto bien diseñadas y un calendario firme que permita a empresas, profesionales y sectores económicos adaptarse con tiempo, certidumbre y conocimiento», subrayan.

Los fiscalistas advierten que la decisión del Ejecutivo mina la confianza, introduce incertidumbre en la toma de decisiones y genera la duda razonable de si situaciones como esta pueden volver a repetirse.

Por todo ello, AEDAF insiste en la necesidad de una política fiscal más estratégica, coherente y respetuosa con el esfuerzo realizado por empresas y profesionales. «Solo mediante una planificación sólida, evaluaciones rigurosas y una comunicación institucional clara será posible recuperar la confianza y garantizar una modernización normativa eficaz y sostenible», concluyen.

Fuente: El Economista