En España, determinadas combinaciones de prestaciones sociales, como el IMV o los subsidios por desempleo, pueden igualar o incluso superar el SMI, generando desincentivos para reincorporarse al mercado laboral. Un informe de la Fundación Civismo advierte que este diseño contribuye al paro estructural en España.

El diseño de las prestaciones sociales en España incide directamente en los incentivos para la participación laboral, tanto desde el plano jurídico como económico. Según el marco actual, determinadas combinaciones de prestaciones (como el Ingreso Mínimo Vital y los subsidios por desempleo) pueden igualar o superar los ingresos netos derivados del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), especialmente en perfiles específicos, como personas adultas sin cargas familiares y en situación de vulnerabilidad.

Este fenómeno plantea cuestiones relevantes sobre la eficacia del sistema de bienestar y su impacto real en la reinserción laboral, según los argumentos del informe Desempleo y Desincentivos al Trabajo en España, elaborado por el Centro de Análisis de la Sostenibilidad del Modelo Económico (Casme), de la Fundación Civismo.

El informe propone la adopción del Impuesto Negativo sobre la Renta (INR) como «una solución eficiente y equitativa para reducir la trampa de la pobreza, incentivando la inserción laboral sin generar pérdidas abruptas en los ingresos».

Se trata de una figura propuesta por Augustin Cournot (1838) y desarrollado por economistas como Juliet Rhys-Williams, Milton Friedman y James Tobin, que establece un mínimo exento de impuestos. Si una persona gana menos de esa cantidad, el Estado le transfiere un porcentaje de la diferencia. Si supera el umbral, paga impuestos solo sobre el excedente.

Señalan los autores del informe, que esta medida combate la pobreza garantizando ingresos mínimos sin eliminar los incentivos laborales, evita la pérdida total de la transferencia al superar el límite de ingresos, reduce la dependencia de subsidios, elimina efectos umbral, permite una integración progresiva en el mercado laboral y podría hacer innecesarias medidas como el salario mínimo o servicios públicos de bienestar social.

Y explica que aunque cuenta con una «mayor complejidad técnica en comparación con la Renta Básica (RB) o Renta Mínima de Inserción (RMI), su implementación resultaría sencilla desde el punto de vista administrativo, al funcionar de manera similar al actual sistema de devoluciones de la Agencia Tributaria». En términos económicos, este efecto ha sido ampliamente estudiado por multitud de economistas.

Desde la perspectiva legal, las cuantías y requisitos para el acceso a estas prestaciones están establecidas en la normativa vigente, con el objetivo de garantizar una red de protección para las personas desempleadas o en situación de precariedad.

Sin embargo, los datos muestran que, en la práctica, puede surgir un desincentivo consistente: cuando el ingreso por no trabajar a través de prestaciones sociales es similar o superior al salario neto de un empleo, la decisión racional de algunas personas puede inclinarse hacia la inactividad, si el empleo ofrecido carece de incentivos adicionales o implica costes significativos (transporte, conciliación, formación).

Los subsidios y ayudas van, desde Cotizaciones insuficientes, para quienes han trabajado menos de un año; por Agotamiento sin o con cargas; para Emigrantes retornados y liberados de prisión; para Mayores de 52 Años; Renta Activa de Inserción (RAI); Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED); e Ingreso Mínimo Vital (IMV) para personas en situación de vulnerabilidad, sin requerir cotizaciones previas

Según los autores, España se caracteriza por su «crónica incapacidad para reducir el desempleo de forma sostenida». A finales de 2024, la tasa de desempleo llegaba al 11,8%, duplicando la media de la UE (5,9%). Esta alta tasa persiste a pesar del crecimiento económico significativo (2,5% en 2023), lo que indica un problema de naturaleza estructural y no coyuntural.

Por ello, el informe concluye que el desempleo en España «no es una simple cifra de coyuntura, sino la expresión de un modelo económico que necesita una reforma profunda, buscando un crecimiento con mayor productividad, innovación, flexibilidad y mejores incentivos».

Las causa de esta situación son: la baja productividad del trabajo; la temporalidad; el elevado nivel de desempleo juvenil (más del 27%); el paro de larga duración (más del 30%); la baja movilidad geográfica; y la economía sumergida: (15,8% del PIB).

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España (1.184 euros mensuales en 14 pagas en 2025) actúa como un «ancla para los salarios de reserva», elevando las expectativas salariales de los desempleados, especialmente en sectores de baja cualificación.

El SMI acumuló un incremento de alrededor del 60% entre 2018 y 2024, duplicando la proporción de trabajadores bajo SMI del 5,1% al 12,7%. España se sitúa entre los países de la UE con el SMI más elevado sobre los salarios medios.

Fuente: El Economista