Las Comunidades Autónomas tardan dos años en percibir los beneficios de una subida de tipos de la tarifa autonómica, aunque tienen la capacidad regulatoria para hacerlo sobre el 50 por ciento de la tarifa global. Por el contrario, cuando el Estado eleva tipos, las retenciones tardan tan solo unas semanas en adecuarse, con lo que los beneficios en los tipos son prácticamente automáticos.

Así, lo denuncia el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, Santiago Lago Peñas, en su informe sobre ‘La Descentralización tributaria en España: avances significativos y retos’, que publica Funcas en su último número de Cuadernos de Información Económica.

Esta denuncia es avalada por diversos asesores fiscales y especialistas en Derecho tributario consultados por elEconomista, que creen necesario que la Agencia Tributaria traslade las decisiones que adoptan sobre las retenciones de las rentas del trabajo y de actividades profesionales en el IRPF con la misma velocidad con que se trasladan las de la parte Estatal del Impuesto.

No se puede olvidar que las retenciones en 2018 supusieron un total de 74 millones de euros, de los que la mitad deben ser reintegrados a las comunidades autónomas. Además, la situación financiera se agrava en la actualidad como consecuencia de los retraso en las entregas a cuenta a las CCAA por el bloqueo político, que las ha llevado a plantearse la posibilidad de recurrir a la emisión de deuda. Las CCAA han registrado un déficit de 7.938 millones, lo que supone un 0,63% del PIB.

El problema que plantea el actual sistema de liquidación del IRPF es que si un Gobierno autonómico toma la decisión en noviembre de 2019 para los Presupuestos de 2020, las retenciones no se alteran y hay que esperar a la declaración de la Renta de 2021 para que se tenga en cuenta la subida del tipo, con lo que los recursos adicionales llegan a partir de julio de 2022.

A pesar de la división de ingresos al 50%, en el caso de las retenciones no hay separación alguna, a pesar de pertenecer normativamente a dos poderes diferentes.

La solución aportada por estos profesionales pasaría por un sistema de retenciones algo más sofisticado que el actual, que incorporase a la misma velocidad los cambios normativos estatales y autonómicos en los cálculos, que explicitase en facturas y nóminas las retenciones dirigidas a financiar a cada nivel de gobierno, y que distinguiese de forma más nítida en los borradores, en el impreso de declaración y en los programas informativos de ayuda esa dualidad en el poder tributario. Señala Lago Peñas que con estos retrasos, la corresponsabilidad fiscal es francamente difícil. Además, se produce un grave problema como es la falta de visibilidad del impuesto autonómico para los contribuyentes.

La gestión exclusiva de la AEAT y la falta de distinción de los tipos de retención en facturas o nóminas hace que la mayoría de los contribuyentes sigan sin ser conscientes de cuánto le pagan a cada gobierno. Los estudios demoscópicos lo demuestran con claridad. Además, la lejanía de la gestión hace que las CCAA tengan problemas incluso para obtener datos y poder realizar simulaciones previas sobre sus sus cambios normativos.

Fuente: ElEconomista.es