Entra dentro de la lógica y lo comprensible que el ciudadano de a pie ponga cara de póker y no preste la atención debida cuando se le habla de deflactar. Por insuficiente información sobre su significado y sus consecuencias en muchos casos y por desconocimiento en otros.

Pero si se le explica que deflactar del IRPF supone adaptar los tramos del impuesto sobre la renta a la subida de los precios y que los ciudadanos y las familias españolas llevan una década perdiendo poder adquisitivo real porque los tramos del IRPF llevan sin actualizarse desde enero de 2015, periodo en el que el IPC ha subido un 23%, con datos del INE, o lo que es lo mismo que los trabajadores pagan más impuestos mientras pierden capacidad de compra, a lo mejor empiezan a enterarse y preocuparse.

La negativa contumaz del gobierno del sanchismo a deflactar la tarifa del IRPF en sus siete años de mandato supone en la práctica, una subida de impuestos encubierta y silenciosa. Es lo que los expertos denominan progresividad en frío, un aumento del impuesto que el contribuyente percibe menos que una subida directa del IRPF, pero que como demuestra un reciente informe del gabinete de estudios de Fedea ha supuesto a los contribuyentes de este país un aumento de 736,39 euros más en su factura fiscal.

Además, el gabinete que dirige Ángel de la Fuente estima que el impacto ha sido mayor sobre aquellos contribuyentes de menores ingresos. Y mientras, Hacienda sigue registrando récords históricos de recaudación. En 2024 los ingresos totales de la Agencia Tributaria se elevaron a 294.734 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 8,4% con respecto a 2023, 2,4 puntos más que la subida en los ingresos por IVA.

El principal motor de este aumento fue el crecimiento de las bases imponibles, del 6,9%, que motivaron un incremento de los ingresos por rentas del 8,9%, subida que se añade la registrada ya en 2023 habían crecido un 8%. Recordar una vez más que desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa ha realizado hasta 94 subidas de impuestos y cotizaciones sociales y que en este 2025 amenaza con 46 medidas recaudatorias, de las que 12 se han llevado a cabo mientras que hasta once estados miembros de la UE han rebajado la presión fiscal sobre sus ciudadanos. Si hacemos cálculo de todo lo recaudado en los últimos 5 años, salen a 2.200 euros por hogar los impuestos acumulados en siete años de gobierno. Un asalto fiscal que se estima en 60.000 millones de euros de recaudación adicional para Hacienda.

Y si es cierto que estamos por debajo de la media UE en presión fiscal, que es la cantidad de dinero en concepto de tributos que los ciudadanos pagan al Estado en comparación con el producto interior bruto (PIB), también lo es que en España tenemos el mayor esfuerzo fiscal de la Unión Europea, que es el indicador que mide el porcentaje de impuestos que pagan los ciudadanos en relación con su renta per cápita. En concreto, nuestro esfuerzo fiscal es un 17,8%, superior a la media de nuestros socios de la Unión. Añadir a esto que el informe Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2024, elaborado por el Consejo General de Economistas de España, concluye que desde 2020 España ha visto como su marginal máximo de Impuesto sobre la Renta (IRPF) se ha situado en el 45%. O lo que es lo mismo, que un español medio dedica el 45% de sus ingresos a pagar impuestos, y en algunos casos puede superar el 50%, lo que expertos fiscales califican inequívocamente de confiscatorio.Y lo más grave es que este asalto fiscal no se ha traducido en una mejora de los servicios y la atención al ciudadano.

Veamos si no el funcionamiento del transporte ferroviario, las colas interminables en las oficinas de empleo, de la Seguridad Social o de Tráfico, los más de 12 millones de españoles en riesgo de pobreza o exclusión, las listas de espera sanitarias, la baja calificación de nuestros escolares y del sistema educativo en el informe Pisa, la baja productividad o la precariedad laboral. La realidad es que con Sánchez los españoles somos más pobres, pagamos muchos más impuestos y tenemos peores servicios. Esta es su política social.

Fuente: El Economista