Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística la inflación en el mes de diciembre de 2021 fue del 6,5%, la más alta de los últimos 30 años.

El precio de los productos que consumimos sufre un incremento y, de la mano, también sube la recaudación tributaria. Sin embargo, no está prevista medida fiscal alguna para paliar los efectos de la inflación, lo que, indirectamente, supone una subida de impuestos.

El impacto más evidente que tiene la inflación en la recaudación tributaria está directamente relacionado, por razones evidentes, con el IVA ya que al ser éste un impuesto indirecto que se calcula como un porcentaje fijo sobre el precio, a medida que éste se incremente, mayor será la cuota de IVA a pagar.

Además del impacto económico, esta situación provoca un efecto pernicioso al principio de capacidad económica, constitucionalmente protegido. Si, como regla general, los impuestos indirectos no reman en la línea de «a mayores ingresos, más impuestos a pagar» sino que intervienen en la recaudación de forma ciega y el impuesto es el mismo para todos los contribuyentes, independientemente de sus ingresos o patrimonio, en un escenario de alta inflación como el que estamos describiendo, podríamos decir que el IVA potencia el efecto negativo que la inflación provoca en el poder adquisitivo y consumo para las rentas más bajas.

Pero la capacidad económica también tiene que ver con el otro término de la ecuación: los ingresos que obtienen los contribuyentes (personas físicas o jurídicas). Por tanto, los impuestos que gravan la obtención de rentas (IRPF e Impuesto sobre Sociedades) también se ven afectados por la inflación.

Al ser el IRPF un impuesto progresivo, el incremento del salario implica una subida del tipo marginal de tributación, lo que es lógico. Sin embargo, el poder adquisitivo del contribuyente no se ha visto incrementado, sino que se mantiene. En consecuencia, lo que estaría ocurriendo es que el contribuyente estaría tributando a un tipo marginal mayor para el mismo poder adquisitivo que ya tenía.

¿Cómo podríamos corregir este efecto?

Igual que los convenios utilizan el IPC como referencia para actualizarse, las tablas de tipos de IRPF también podrían adaptarse a la inflación existente y así acercarse más al principio de capacidad económica.

Adicionalmente, en un escenario de tipos bajos, como el actual (aunque algunos bancos centrales ya están barajando o anunciando subidas de tipos), una buena parte del ahorro privado se ha trasladado de posiciones financieras poco o nada rentables (como cuentas de ahorro) a inversiones en activos (inmuebles, startups, fondos de private equity, etc.), tratando de obtener una mayor rentabilidad (o por lo menos, alguna rentabilidad).

Este efecto, incide o favorece también la inflación de activos que ya estamos viendo en determinados sectores (2021 ha sido un año récord para el private equity) o activos (como el mercado inmobiliario de determinadas zonas o ciudades).

Por tanto, en caso de que la inversión del contribuyente fuese rentable y llegue a materializar una plusvalía cuando transmita su inmueble, por ejemplo, la norma tributaria debería tener en cuenta que parte de dicha plusvalía se corresponderá con la inflación y que, en consecuencia, parte de la cuota del impuesto que va a pagar, es sobre la inflación.

En el caso de inmuebles, que probablemente es donde este impacto sea más relevante por su vida útil tan prolongada, este efecto se corregía en la norma de IRPF, hasta el ejercicio 2014, por medio de la aplicación de determinados coeficientes correctores que, si bien, no eliminaban el efecto de la inflación, sí al menos lo mitigaban actualizando el valor de adquisición del inmueble (y por tanto, reduciendo la plusvalía neta materializada) utilizando unos coeficientes que se venían estableciendo anualmente en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Por lo que respecta al Impuesto sobre Sociedades, la situación no dista mucho de lo hasta aquí comentado en relación con el IRPF. Las compañías se ven obligadas a subir sus precios para seguir manteniendo sus márgenes de beneficios a medida que suben sus costes. Con este nivel de inflación, muchas compañías incrementan sus cifras de facturación, pero no sus márgenes o sus beneficios reales.

La recaudación tributaria crece a mayor ritmo que la economía

Por tanto, si bien la economía crece con respecto al año anterior y eso implica que la recaudación por impuestos sea mayor, vemos que los datos de recaudación tributaria muestran un incremento a un ritmo superior al de crecimiento de la economía y parte de esta disparidad podría venir explicada por la inflación.

La mayor parte de los operadores económicos prevén que, de la mano de la recuperación económica, la inflación siga creciendo en 2022, pero de forma mucho menos significativa de cómo lo ha hecho hasta ahora. Es decir, que la situación actual es temporal. En consecuencia, podría tener sentido no tomar medidas para corregir el impacto tributario que tiene la inflación de subida encubierta de impuestos, sobre todo teniendo en cuenta el estado de las arcas públicas en plena pandemia y que las pensiones que tiene que pagar el Estado también se ven afectadas por el IPC.

Dicho esto, si este efecto que causa la inflación en relación con la recaudación tributaria es querido y buscado, lo más lógico sería explicarlo, a todos, porque esta subida de impuestos indirecta afecta a todos los contribuyentes, a las rentas altas y a las bajas.

Fuente: ElEconomista.es