Los expertos coinciden en que, aunque la dirección hacia una mayor simplificación y seguridad jurídica es la correcta, el camino propuesto por Bruselas tiene ciertas cargas adicionales que podrían lastrar la competitividad.

La ambiciosa reforma fiscal que impulsa la Unión Europea, diseñada para modernizar la tributación corporativa, combatir el fraude y crear un mercado único más cohesionado, tiene también ciertos riesgos. Las medidas Faster, Debra y Befit, que prometen agilizar devoluciones, equilibrar la financiación empresarial y unificar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, podrían, si no se configuran bien, generar una maraña de nuevos costes de cumplimiento e incertidumbre jurídica.

Así lo ven los fiscalistas en una nueva edición del Observatorio Fiscal EXPANSIÓN, patrocinado por Santander. El foro reúne en esta ocasión a tres voces de referencia en el ámbito tributario: Paula Vicario, socia de finReg360; Eduardo Tapia, socio de Grant Thornton, y Jesús González Ruiz-Jarabo, socio de PKF Attest. Los expertos coinciden en que, aunque la dirección hacia una mayor simplificación y seguridad jurídica es la correcta, el camino propuesto por Bruselas presenta cargas adicionales que podrían lastrar la competitividad de las empresas europeas en un escenario global cada vez más complejo.

La directiva Faster (Fast & Safe Tax Relief) nace con el propósito de acelerar la devolución de las retenciones en origen sobre dividendos e intereses y, a su vez, combatir el fraude fiscal. Sin embargo, su implementación deposita una pesada carga sobre los hombros del sector financiero. Jesús González Ruiz-Jarabo advierte que la norma «traslada la carga de control a los operadores financieros, que tendrán que garantizar la trazabilidad de las operaciones y para ello deberán invertir recursos en adaptar sus sistemas informáticos, diseñar e implementar nuevos procesos de control y formar a sus equipos».

Eduardo Tapia coincide en que el principal desafío recae sobre este sector, aunque matiza que la Agencia Tributaria española ya cuenta con sistemas ágiles. Para Tapia, la directiva supone un «reto para la Agencia, en la medida que tenga que practicar las devoluciones en un plazo de 60 días», pero sobre todo, «un reto para los intermediarios financieros que actúan en esa recuperación de los excesos de retención».

Por su parte, Paula Vicario conecta la lógica de Faster con principios más amplios de la fiscalidad, señalando que tendrá un impacto directo en cómo las compañías estructuran sus finanzas. «Sí que creo que va a tener un impacto en la manera en la que las compañías organizan sus esquemas de financiación. Hoy cualquier empresa debe valorar en qué jurisdicción se encuentra, cómo operará el mecanismo y, en definitiva, qué impacto tendrá en el resultado neto que recibe», explica.

La propuesta Debra, que busca eliminar el sesgo fiscal que favorece la financiación con deuda sobre la de capital propio, también fue abordada por los expertos. La directiva propone un doble mecanismo: un incentivo para los incrementos de capital y una nueva limitación a la deducibilidad de los gastos financieros. Eduardo Tapia duda sobre la segunda medida. «La limitación adicional a la deducibilidad de gastos financieros, a mi juicio, ha de desaparecer. No olvidemos que las limitaciones a la deducibilidad de los gastos financieros carecen de sentido técnico más allá de los casos de fraude», afirma. Tapia considera que la directiva está «de origen desenfocada» al utilizar un instrumento tributario para fines de política económica.

Jesús González Ruiz-Jarabo comparte esta visión, argumentando que la penalización de la deuda podría ser contraproducente. «Penalizar aún más la financiación ajena no puede ser la mejor receta para favorecer la inversión y el desarrollo económico, por la propia dinámica de distintas industrias» que dependen de este tipo de financiación. Además, alerta de que en España podría sustituir a la actual reserva de capitalización, con efectos inciertos.

Para Paula Vicario, la norma obligará a las empresas a analizar la sustancia de sus operaciones. «El incentivo a financiarse con capital en lugar de deuda va a condicionar la forma en que los grupos estructuran sus operaciones. En consecuencia, cualquier flujo financiero intragrupo se verá afectado», afirma, subrayando la necesidad de justificar el sentido económico de las estructuras.

La propuesta más ambiciosa, Befit (Business in Europe: Framework for Income Taxation), que busca crear una base imponible común para el Impuesto sobre Sociedades en la UE, es un asunto que lleva años debatiéndose. La falta de voluntad política para acordar un sistema de reparto de la recaudación se erige como su principal obstáculo.

«Me gustaría pensar que esta vez sí será posible, pero la experiencia me lleva a ser escéptica», resume Paula Vicario sobre la viabilidad de la propuesta. «Cada vez que se ha intentado simplificar un esquema para aplicarlo a todas las realidades, la práctica ha demostrado que ni refleja la realidad ni se ajusta a las distintas estructuras empresariales», añade, recordando las dificultades vividas con normativas anteriores como el country-by-country reporting.

Eduardo Tapia señala un problema fundamental en el proceso: «Se está haciendo un poco el trabajo al revés. Primero hace falta la voluntad política y después el trabajo técnico. Y llevamos un montón de años haciendo el trabajo técnico sin que haya voluntad política de acordar y armonizar».

El nudo gordiano, según Jesús González Ruiz-Jarabo, es claro: «El gran escollo al que se enfrenta la directiva es el establecer ese mecanismo de reparto de la base imponible agregada. Es decir, cómo se acaba repartiendo el pastel y qué le toca a cada uno». Este punto, que toca directamente la soberanía fiscal de los Estados miembros, es el que ha hecho naufragar intentos previos y amenaza con hacer lo mismo con Befit.

Fuente: Expansión