Hacienda aprueba sin mayoría, y con el plantón de la Generalitat, que las regiones puedan gastar 2.500 millones más.

Casi un año después del último Consejo de Política Fiscal y Financiera, los consejeros de Hacienda de la plana mayor de comunidades autónomas se volvieron a reunir ayer, después de doce meses en los que la crisis catalana y el posterior cambio de Gobierno han paralizado los cónclaves con los barones. María Jesús Montero, acostumbrada a sentarse al otro lado de la mesa como consejera de Andalucía, se enfrentó a un primer Consejo que se eternizó hasta cerca de la medianoche. El gran protagonista, no obstante, se ausentó del Ministerio: el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, no asistió. Ante ello, todas las comunidades se amotinaron contra las negociaciones bilaterales entre la región y el Ejecutivo.

En este punto no hubo diferencias de color político: todas se opusieron a que Gobierno y Cataluña negociaran aspectos relativos a la financiación en un foro bilateral, precisamente donde Aragonés apostó por reunirse con el Ejecutivo. Montero también criticó duramente a Cataluña. «Donde se discuten las cuestiones de financiación o de reestructuración financiera es el Consejo de Política Fiscal. Lo digo por alguna comunidad que no ha asistido y se ha remitido a otro foro», aseveró Montero, rechazando toda concesión bilateral.

Como adelantó ABC, la ministra confirmó ayer que estudia la reestructuración de deuda a corto plazo de las regiones. Otro alivio también permitirá postergar la devolución de los mecanismos de financiación al Estado para empujar a las regiones a salir a los mercados. Esta última se orientaría hacia las regiones con problemas de «sostenibilidad financiera a largo plazo», es decir, Cataluña, Valencia y Murcia principalmente.

Reestructuración a Cataluña

También había puntos espinosos dentro del orden del día, que estipulaba conceder 2.500 millones más de margen para cumplir el déficit a las comunidades, al elevar su objetivo del 0,1%  del PIB al 0,3% para 2019. Para 2020 la meta es 0,1%y para 2021, equilibrio.

Pese a ello, en la aprobación de los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto 2019-2021 Hacienda no logró mayoría y hubo ocho votos en contra de las autonomías del PP –a saber, Madrid, La Rioja, Castilla y León, Galicia, Murcia, Ceuta y Melilla– y Canarias mientras que siete comunidades socialistas –Asturias, Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Cantabria– y la Administración central votaron a favor. Comunidad Valenciana se abstuvo pese a estar gobernada por el PSOE. País Vasco, Navarra y Cataluña no asistieron. En el Consejo si una autonomía apoya la propuesta del Gobierno, la medida sale adelante, así que Hacienda logró imponer sus objetivos, pero Montero no convenció.

También hubo polémica por dilatar la reforma de la financiación hasta 2020 decidida por Pedro Sánchez pese a que Montero defendía, como consejera, acelerarla. «No necesitamos más o menos deuda, necesitamos una nueva financiación», aseveró la consejera de Castilla y León, Pilar del Olmo. Montero anunció que reactivaría la reforma del modelo con un grupo de trabajo entre directores generales para impulsar el cariz político y reposicionar a la Administración del Estado a la vuelta del verano. El primer punto a a abordar será la infrafinanciación de las comunidades ya que, en sus palabras, es el que genera «más consenso» entre barones. Posteriormente se abrirán otros capítulos más polémicos como la armonización de impuestos o la reestructuración de deuda.

La madrileña Engracia Hidalgo lamentó que con la regla de gasto, las dos décimas adicionales de déficit, no se podrán gastar por parte de las regiones cumplidoras. Montero también prometió relajar este corsé, pero solo si se aprueban los objetivos de estabilidad en las Cortes. Para las comunidades en superávit se habilitará un reglamento de manera inminente para que puedan gastar su excedente con mayor libertad. La presión política crece.

La votación augura una oposición dura del PP en las Cortes a los Presupuestos de Sánchez: pese a contar con el incentivo de 2.500 millones más en año electoral, la mayor parte de las regiones, todas las del PP en bloque, rechazaron las metas. La debilidad parlamentaria del Gobierno se anticipa entre las regiones: los objetivos de estabilidad tienen una senda escarpada ante sí.

Fuente: Abc.es