La Asociación de Inspectores de Hacienda Pública Local asegura que algunos ayuntamientos están contratando a empresas privadas para ejercer labores de inspección a cambio de comisiones.

«Hay un grave problema y es que no se puede dejar en manos privadas la inspección fiscal pero eso ocurre en España», denunció ayer Arturo José Delgado, presidente de la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL), que advierte de que hay algunos ayuntamientos que, «fraudulentamente», están subcontratando a empresas privadas para ejercer una labor reservada a funcionarios.

Estas empresas llegan a ocuparse de actividades tan delicadas como la elaboración de los planes reservados de la Inspección municipal o la selección de los contribuyentes que serán objeto de inspecciones, detalló Delgado durante la jornada Una visión de la reforma fiscal desde la óptica de la Hacienda Local, organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE). A cambio, expuso, estas compañías suelen pactar el cobro de comisiones por el 25% del valor de dinero aflorado durante las inspecciones.

Estas comisiones, denuncia la Asociación, llegaron a ser hasta del 80% hace unos años, cuando la práctica de la externalización privada de la Inspección fiscal local llegó a estar más extendida. La Justicia, sin embargo, comenzó a tumbar estos contratos con relevantes sentencias en 2015 y 2016, expone Delgado, que asevera que a partir de ahí los municipios infractores han ido «cubriéndose las espaldas» convocando estos contratos públicos para labores de «apoyo», «asistencia», «colaboración» o «soporte» a la Inspección local, que luego se traducen en realidad en la cesión a manos privadas de «potestades públicas de Inspección legalmente vedadas a empresas».

«La razón de esta externalización masiva se debe a la carencia de medios de los entes locales para obtener los ingresos que les corresponden de acuerdo con el ordenamiento jurídico tributario», denuncia la Asociación, que reclama que, frente a estas «prácticas fraudulentas», «se dote a todas las administraciones de los instrumentos jurídicos y medios necesarios».

En paralelo a esta demanda, la asociación manifestó que la tributación local es «la gran olvidada» en la propuesta de reforma fiscal que recoge el Libro Blanco elaborado por el comité de expertos formado por el Ministerio de Hacienda. El documento, recordó Antonio Arenales, vicepresidente de la ANIHPL, se limita a sugerir la supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) sin ofrecer vías alternativas de ingresos a los ayuntamientos, que perderían así uno de los tres impuestos obligatorios que deben aplicar (junto al IBI y el de Tracción Mecánica). Frente a esta propuesta, la Asociación reclama una revisión integral del esquema tributario municipal, que data de mediados del siglo XIX, y abogan por reducir la «tutela estatal» que rige sobre algunos de los tributos locales, condicionando eficiencia y gestión.

Junto a los tres impuestos obligatorios mencionados, los ayuntamientos tienen la potestad de aplicar otros tres: el de Construcciones, Instalaciones y Obras; el de la Plusvalía Municipal; y el de Gastos Suntuarios a cotos de caza y pesca, sobre los que la Asociación reclama mayor seguridad jurídica (ver información adjunta). Finalmente, los municipios aplican tasas por prestación de servicio u ocupación de dominio público. Estas últimas están siendo una fuente relevante de recaudación para los ayuntamientos al incluir una del 1,5% sobre la facturación de las empresas de suministro energético, cuyos ingresos se han disparado con la inflación, detalla la ANIHPL.

Fuente: Expansión