Cataluña eleva medio punto el impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

La Generalitat de Cataluña ha vuelto a recurrir a la fiscalidad para intentar arañar mayores ingresos, concretamente unos 88 millones de euros anuales más, teniendo en cuenta que los presupuestos de la administración catalana son todavía los de 2017 prorrogados. Pero quienes deberán pagar más no serán los particulares, sino sobre todo la banca, además de otras empresas, según el decreto ley de medidas urgentes en materia tributaria y lucha contra el fraude fiscal aprobado ayer por el Govern.

Hay que tener en cuenta la elevada probabilidad de elecciones autonómicas anticipadas en la segunda mitad de este año o principios de 2020, dados los constantes desencuentros entre los dos socios del Gobierno catalán, ERC y JxCat, que no están por la labor de aprobar medidas ahora que les puedan pasar factura en las urnas en unos meses.

El grueso de los nuevos ingresos lo deberán asumir las entidades financieras a través de la subida del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que pasa del 1,5 por ciento al 2 por ciento del importe de las hipotecas. El Ejecutivo catalán calcula que este cambio le reportará 81,9 millones más cada año.

Además, los fondos de titulización, como titulares de grandes paquetes de viviendas vacías procedentes de ejecuciones hipotecarias, deberán pagar el impuesto catalán sobre los pisos vacíos. Con la regulación actual no estaban sujetos a este tributo, porque no tenían personalidad jurídica, pero la Generalitat ha corregido “esta deficiencia original de la ley”, lo que “evita pérdidas de recaudación no deseadas en el momento en el que se creó el impuesto”, según un comunicado del Govern.

También sube el Impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno de la aviación comercial (de 2,5 euros a 3,5 euros por kilo emitido) y el impuesto que grava las apuestas presenciales -el juego online es competencia estatal-, que se sitúa en un tipo único del 15 por ciento (actualmente era del 10 por ciento para las deportivas y del 13 por ciento para las generales).

Fuente: ElEconomista.es