El Presupuesto incluye un nuevo crédito con el Estado de 15.500 millones para afrontar la factura de las pensiones.

La escalada del gasto comprometido por la Seguridad Social provocará que este año la deuda contraída con el Estado supere los 65.000 millones de euros. Una cifra que refleja la crítica situación por la que atraviesa el sistema de previsión, que desde el año 2011 acumula números rojos en sus cuentas año tras año. Un escenario que ha empujado al organismo que paga las pensiones a endeudarse en cifras de vértigo para pagar las facturas.

El Banco de España sitúa la deuda del sistema de protección con el Estado en 34.863 millones hasta el tercer trimestre de 2018. A esta cantidad hay que sumar 13.830 millones que prestó ese año el Estado a la Seguridad Social que no están reflejados, y otros 1.400 más que se aprobaron en diciembre pasado para hacer frente a la subida del 1,6% y la mini paga que recibirán los pensionistas antes de abril para compensar la desviación de precios. Es decir, el montante total alcanzaría los 50.093 millones, cantidad a la que hay que añadir, a su vez, el nuevo préstamo al que recurrirá el Gobierno para cumplir en 2019 con los jubilados.

El peor escenario

El crédito que recogerán los Presupuestos Generales del Estado que hoy se presentan en el Congreso de los Diputados es de 15.500 millones, el equivalente al 1,2% del PIB. Tras esta nueva línea de financiación la deuda de la Seguridad Social escalará por encima de los 65.000 millones. Un escenario, sin embargo, optimista para las fuentes consultadas por ABC, que elevan por encima de 20.000 millones las necesidades de que tendrá este ejercicio el sistema, previsión que de cumplirse elevaría hasta 70.000 millones la deuda total. Una cifra histórica.

Este mayor recurso al endeudamiento se explica por varios factores. Pese al vigor con el que crecen las cotizaciones aún siguen siendo insuficientes para hacer frente a los pagos, en concreto a las pagas extraordinarias porque la nómina mensual se cubre con esas cuotas que pagan empresarios y trabajadores. El abono de las extras en verano y en Navidad a los jubilados provocan fuertes tensiones de tesorería que hasta ahora se han salgado con el recurso al Fondo de Reserva, al que apenas le quedan ya 5.000 millones después de que el departamento que dirige Magdalena Valerio tomará más de 3.000 millones para abonar la última paga extra del año. Cerrada prácticamente la vía de la «hucha» de las pensiones, el único recurso que le queda a los responsables públicos es recurrir a la financiación en los mercados.

Subidas del 1,6% y del 3%

En los últimos meses se han asumido políticas de gasto que tienen fuerte impacto en el Presupuesto. Los últimos acuerdo pactados entre el anterior Gobierno del PP y el PNV elevaron las pensiones mínimas y asistenciales un 3% y el resto un 1,6% –por encima del 0,25% que marcaba la ley– además de incrementar las pensiones de viudedad. Un alza que replicará este ejercicio el Ejecutivo de Sánchez. El Gobierno ha interpretado la opinión del Pacto de Toledo y tras suprimir el Índice de Revalorización, que limitaba la subida de las prestaciones a un 0,25% mientras la Seguridad Social estuvieran en déficit, se ha comprometido a abonar una paga compensatoria entre la subida aplicada en enero pasado y la evolución de los precios entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018, que fue del 1,7%. Diferencia de un 0,1% adicional que abonará en una paga que tendrá un sobrecoste de unos 400 millones.

La subida de las jubilaciones no será el único gasto extraordinario. A la factura de las nóminas se unirán los gastos derivados de decisiones como el regreso de la jubilación parcial, que tendrá un coste de unos 2.000 millones para las arcas públicas o otros 2.000 de gastos de incapacidad temporal correspondientes al presupuestos de 2018 que Trabajo logró retrasar hasta primeros de este año por motivos estrictamente contables.

Más impuestos al empleo

Por el lado de los ingresos la subida de impuestos al empleo inyectará 1.667 millones adicionales a las arcas públicas. Este año han subido un 22,3% las bases mínimas y un 7% las máximas, pero también sube un 40% la cotización de los contratos de menos de cinco días. También reportará mayores ingresos la obligación que ya tienen las empresas de cotizar en el régimen general por las personas que participan en programas de formación, prácticas no laborales o prácticas académicas externas, aunque no sean remuneradas y la subida de la base mínima de cotización de los trabajadores por cuenta propia.

Como ya informó este diario, las mayores subidas aplicadas el año pasado han elevado la factura de las pensiones a cifras desconocidas, y el déficit del sistema público amenaza con escalar, de nuevo, hasta cantidades históricas, que las fuentes consultadas siguen situando por encima de los 19.500 millones este año.

Fuente: Abc.es