La Comisión Europea tiene abierta actualmente una consulta pública sobre su propuesta de directiva para crear en el futuro un impuesto digital en el seno de la UE.

En la propia página web en la que Bruselas tiene abierta la consulta pública, la Comisión señala que «la UE necesita un marco normativo y fiscal moderno y estable para responder a los desarrollos y desafíos de la economía digital».

Así, aunque apunta que «debemos promover y fomentar la digitalización, ya que puede aumentar la productividad y beneficiar a los consumidores», añade que «las empresas digitales también deben contribuir con su parte justa a la sociedad», por lo que indica que la consulta pública y la futura directiva «tiene como objetivo introducir un impuesto digital para abordar el tema de la tributación justa de la economía digital».

Para el desarrollo de esta directiva, la Comisión abrió el pasado 18 de enero esta consulta pública, que mantendrá abierta hasta el 12 de abril, con el objetivo de recibir las consideraciones oportunas de los interesados.

La creación de un impuesto digital en el seno de la UE es una iniciativa debatida en la unión económica desde hace varios años, con el objetivo de que las compañías que operan en ámbitos digitales tributen en cada país en función de su actividad en el mismo, ya que actualmente utilizan fórmulas para tributar toda su actividad en países como Irlanda o Luxemburgo en los que el Impuesto de Sociedades es mucho más bajo.

Ante la dificultad de crear este nuevo impuesto en el seno de la UE, ya que para ello se necesita el acuerdo unánime de todos los países, así como la lentitud en las negociaciones que han tenido lugar en los últimos años sobre esta cuestión en la OCDE, algunos países, como España, han optado ya por instaurar su propio impuesto, al considerar que las empresas digitales cuentan actualmente con ventaja competitiva sobre las empresas tradicionales que sí pagan sus impuestos en función de su actividad en el lugar en el que se encuentran físicamente.

En concreto, en 2021 ha entrado en vigor en España el impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido popularmente como ‘Tasa Google’, con el que Hacienda prevé una recaudación de 850 millones este año y que gravará con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros.

Fuente: Expansión.com