Los senderos de la política española son inescrutables para el observador más avezado. Hasta hace unos meses el concepto de la deflactación del IPC era el clásico debate técnico inacabable, pero que no suele salir de los límites de los expertos. De una semana para otra se convirtió en un asunto de telediario, tertulia política y, obviamente, opiniones irreconciliables.

Cierto es que la inflación al 8% da más trascendencia a la decisión de deflactar o no. Tampoco es menos cierto que la inflación acumulada desde la última deflactación en 2008 hasta 2021 se aproxima al 20%. En todo caso, han sido cinco las comunidades que han optado por deflactar los tramos autonómicos del IRPF. Abrió el fuego la Comunidad de Madrid y al poco se sumaron otras gobernadas por el Partido Popular y una por el socialista, la Comunidad Valenciana.

Como es habitual en los últimos tiempos, los anuncios tuvieron más ingredientes propagandísticos que financieros, en un paralelismo con los impuestos específicos a banca y energéticas. El Gobierno central, en su caso, y los autonómicos, en el otro, buscaron el minuto de oro en el eterno ciclo de la confrontación política, por más que en ambos casos existan argumentos tributarios o de oportunidad económica que pudieran respaldar las decisiones.

Cuando los padres de la Constitución redactaron los artículos 156 a 158, donde se trata la financiación de las Comunidades Autónomas, seguramente no pensaban que la autonomía financiera se iba a usar para el tira y afloja político de corto plazo. Probablemente, porque tampoco anticiparon en qué medida las capitales autonómicas trazarían sus políticas pensando menos en la gestión de sus competencias y más en clave nacional. Detrás de esta disfuncionalidad está un sistema de financiación autonómica ininteligible, que facilita el argumentario clásico: cuando no hay dinero para algo es porque me roban, y cuando bajo impuestos, mérito mío.

En sí misma, la deflactación no es ni buena ni mala. Depende de sus efectos y sus características. La rebaja fiscal en Madrid beneficia más a las rentas más altas (un clásico en los últimos tiempos); la de la Comunidad Valenciana se aplica para beneficiar solo a rentas bajas o medias. En cierto modo, el debate es más de forma que de fondo; el último Gobierno en deflactar la tarifa del IRPF fue socialista, algo que no hizo el Ejecutivo de Rajoy. Quizá convenga recordar estos detalles en estos tiempos de política sobreactuada, que ha convertido una escala de gravamen en un zasca para las redes sociales.

Fuente: Cinco Días