Las empresas energéticas no ceden en su presión al Gobierno para que retire el impuesto extraordinario fijado en plena guerra de Ucrania. Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, abogó este jueves por la supresión del mismo. “Cuanto antes desaparezca y tengamos una situación normalizada desde el punto de vista fiscal, más aceleraremos la inversión”, subrayó. Según dijo, “ni siquiera” el Gobierno puede contar con una mayoría parlamentaria para que pueda seguir vigente el próximo año. El gravamen se fijó como contribución de las empresas por los ingresos extraordinarios obtenidos al incrementarse los precios de la energía durante el conflicto bélico. Fue prorrogado de forma extraordinaria en 2024.

Por su parte, Francisco Reynés, presidente de Naturgy, apuntó al exceso de burocracia. “Todos tenemos proyectos parados o ralentizados porque no nos atrevemos a darles recursos, ya que no sabemos el tiempo que pasará desde su diseño hasta completar la ejecución”, manifestó. Según recalcó, existen “muchas oportunidades para conseguir descarbonizar la economía” y la electrificación “no es la única solución” para lograrlo.

Los representantes del sector energético español debatieron este jueves, durante un foro organizado por El Economista, los nuevos retos a los que se enfrentan las empresas para descarbonizar su producción y así cumplir con los objetivos climáticos de la UE. En la COP28, que tuvo lugar en Dubái, España, junto con un centenar de países, se comprometió a triplicar su producción de energías renovables de aquí a 2030.

El consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, incidió en la inversión. “La industria no debe esperar por la red”, declaró el ponente. “La demanda y la oferta no se están encontrando para aprovechar las ventajas de la energía renovable en precio”. Por su parte, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, pidió una “transición energética pragmática”. Defendió, en esa línea, una “regulación que incentive”, en vez de poner “trabas o límites”. Asimismo, recomendó no poner demasiado el foco en “la generación y el desarrollo de las energías renovables”, y sí más en la “demanda”. Como consecuencia de la insuficiencia de las redes, aseguró que Endesa rechazó proyectos equivalentes a 15 Gigavatios (GW), de los que 4 GW eran de instalaciones renovables.

El consejero delegado de Cepsa, Maarten Wetselaar, destacó la “gran oportunidad para la industria” que representa la transición energética. Según afirmó, España podría contar con la energía más barata de Europa. El Banco de España calculó este miércoles que el precio de la electricidad podría caer a la mitad de aquí en 2023 si se cumple el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta del Gobierno para el despegue de las renovables.

La secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, que participó también el foro, argumentó que la transición energética tiene que seguir siendo una “prioridad”, ya que representa aparte una “oportunidad para reindustrializar el país. “O desarrollo y energía van de la mano o no habrá desarrollo”, declaró.

Fuente: Cinco Días