Hacienda asume que sufrirá una cuantiosa factura, y una considerable carga de trabajo de comprobación, a causa de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el triple alza fiscal sobre el Impuesto de Sociedades que el exministro del ramo Cristóbal Montoro impulsó en 2016 por Real Decreto-ley.
Así se deriva de la advertencia incluida en el Plan de Control Tributario de la Agencia Tributaria para este año que admite que «la planificación del ejercicio 2024 y previsiblemente de futuros ejercicios va a verse afectada por la sentencia de 19 de enero de 2024 del Tribunal Constitucional dictada en relación con las modificaciones del Impuesto sobre Sociedades introducidas por el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre». A partir de ahí, fuentes de la Agencia Tributaria detallan que revisar las peticiones de devolución millonarias presentadas por las empresas afectadas es un trabajo complejo y que consumirá un importante volumen de recursos humanos durante los próximos años.
La sentencia, recuerda el plan, deja sin efectos tres modificaciones del Impuesto de Sociedades: la fijación de topes más severos para la compensación de bases imponibles negativas; la introducción ex novo de un límite a la aplicación de las deducciones por doble imposición; y la obligación de integrar automáticamente en la base imponible los deterioros de participaciones que hayan sido deducidos en ejercicios anteriores. «Las dos primeras medidas solo son aplicables a las grandes empresas, mientras que la tercera puede afectar a cualquier contribuyente del Impuesto sobre Sociedades», detalla la Agencia Tributaria.
Conviene recordar que el Constitucional aplicó la misma doctrina que cuando tumbó el Impuesto de Plusvalía y restringió la posibilidad de lograr una indemnización a las empresas que ya tuvieran un recurso vivo a la fecha del fallo. Buena parte de las grandes compañías del país, en todo caso, habían iniciado acciones legales y optan ahora a beneficiarse tanto de la rebaja fiscal a futuro como de la devolución de impuestos y la reactivación de créditos fiscales con los que reducir la factura tributaria futuro a costa de las pérdidas pasadas.
Uno de los ejemplos más paradigmáticos es el de Telefónica, que en su reciente memoria anual anunció que la sentencia del Constitucional le ha supuesto ya un ahorro fiscal de 298 millones en 2023. La firma calculaba, además, que el fallo, junto a la decisión de la Justicia europea de avalar la amortización del fondo de comercio, le permitirá recuperar créditos fiscales por bases imponibles negativas y deducciones por unos 4.559 millones de euros.
Hacienda, en todo caso, se ha apoyado en la doctrina del Tribunal Supremo, como adelantó EXPANSIÓN, para complicar aún más las devoluciones exigiendo que los recursos empresariales llevaran mención expresa a la inconstitucionalidad del alza fiscal.
Beneficios fiscales
En paralelo, el Plan de Control Tributario 2024 prevé desplegar una campaña de control específica sobre la aplicación de créditos fiscales y deducciones tributarias por parte de las compañías. El foco se pondrá especialmente en el uso de estructuras asociativas para su transmisión. «Dada la naturaleza de los créditos fiscales que se transmiten y su expansión en los últimos años, es imprescindible analizar y comprobar el cumplimiento de los requisitos para la aplicación de las deducciones y los beneficios fiscales que se trasladan», expone la Agencia Tributaria, alertando de la detección de casos en que los créditos fiscales se simulan o «inflan artificialmente».
Fuente: Expansión
