Cuenta con un informe de la Abogacía del Estado para no volver a votar la senda de déficit.

«Es como cuando te presentas a un examen y te dicen que tienes que sacar un ocho pero quien verdaderamente te califica dice que tienes que sacar un cinco. Preparas el examen para un ocho, pero puedes sacar un siete y estar aprobado». Con este ejemplo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicaba ayer en los pasillos del Congreso de los Diputados que no hay ningún atisbo por el que la denuncia de ilegalidad de Ciudadanos tenga recorrido. El Gobierno llevará el proyecto de cuentas públicas al parlamento en diciembre, tras el festivo de la Constitución, previo paso por el Consejo de Ministros. Y lo hará descansando el proyecto en el objetivo de déficit del 1,3% y no sobre el 1,8% que la Comisión Europea ha autorizado al Gobierno, pero que fue rechazado por el Congreso. Por lo tanto el Gobierno tendrá que ajustar en su proyecto la parte correspondiente de esas cinco décimas de diferencia que se imputa a la Administración central. Esto equivale exactamente a una décima (1.200 millones de euros).

De esta manera respondía el Gobierno a la acusación de Ciudadanos, que no se sostendría salvo que el Gobierno presentase el proyecto contemplando un 1,8% de déficit. El Gobierno plantea llegar a ese nivel a posteriori, con la tranquilidad de que Bruselas no les sancionará porque ese es el nivel que la Comisión ha autorizado. El Gobierno defiende que el ajuste «es el mismo» entre el 2,7% y el 1,8% que lo que sucedía antes, con la previsión del 2,2% para 2018 y el objetivo de 1,3% para 2019. Y culpan de esta situación a que los Presupuestos en vigor, pactados por PP y Cs, «incumplían de forma clara y explícita con los objetivos de estabilidad».

Para defenderse de la otra acusación de ilegalidad, la del PP esgrimiendo que debe someter votación una nueva senda de estabilidad, el Gobierno tenía preparado otro argumento: «El PP sabe perfectamente que eso no es así. Tenemos el informe del Abogado del Estado, que plantea la iniciativa exclusiva del Gobierno el traer el Presupuesto y también sobre la senda», explicó Montero, insistiendo en que ya hay unos objetivos en vigor: los últimos aprobados por Rajoy, ya que estos recogen los objetivos para 2018, 2019 y 2020. «Cuando no se aprueba una senda, entra en vigor la senda que ya previamente esté aprobada para tres años. Tendría que haber tres ejercicios consecutivos sin que el Congreso diera visto bueno a la senda para que nos encontráramos en la incapacidad para montar un Presupuesto por ausencia de senda».

Fuente: Abc.es