La portavoz del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que los Presupuestos Generales (PGE) de 2021 mantendrán el plan de impuestos del Ejecutivo de coalición para que cada contribuyente pague en función de su capacidad y pese a la crisis económica que dejará el COVID-19.

«A los ciudadanos hay que hablarles claro y sin un sistema tributario justo no hay un Estado de bienestar y de derechos. No hay una sanidad pública ni hay una educación gratuita. Sin impuestos es el ¡salvase quien pueda!», ha dicho Montero durante su intervención en la Comisión de Hacienda del Senado.

La ministra ha recordado la necesidad de que con el respaldo de los agentes sociales y de los partidos políticos sean aprobadas unas cuentas públicas de 2021 para la reconstrucción de la economía y que inviertan más en los servicios públicos esenciales.

«La fiscalidad progresiva es el mejor instrumento para redistribuir la riqueza. Se trata de que cada persona aporte en función de su capacidad y que cada uno reciba en función de sus necesidades», ha insistido Montero, tras señalar la necesidad de un impuesto a la riqueza o de una fiscalidad vinculada a la economía digital y que incentive el medio ambiente.

Montero ha dicho que «es obvio que hay claro margen de mejorar la recaudación tributaria» y aumentar la presión fiscal en España, que es 10 puntos porcentuales inferior a la de la media europea.

Ha sido clara al señalar que el Ejecutivo no va a renunciar al «principio de justicia social» y que avanzará en la tributación, aunque no ha especificado la subida del IRPF a las rentas altas que consta en el acuerdo de coalición con Unidas Podemos.

«Es probable que la crisis nos obligue a ajustar tiempos», ha dicho, tras mencionar este pacto, aunque ha incidido en que la salida «no puede ser con medidas de austeridad como ocurrió durante la crisis de 2008».

«Vamos a adoptar las medidas necesarias para hacer compatible un crecimiento económico sostenible e inclusivo con una ambiciosa agenda social que fortalezca el Estado de Bienestar, la cohesión social y territorial», ha señalado.

En este último sentido ha defendido la reforma de la financiación autonómica y local cuanto antes y se ha comprometido a que los ayuntamientos ganen en competencias, que ahora asumen las autonomías o el Estado.

«Queremos que asuman más competencias», ha recalcado, después de analizar dar a los entes locales más recursos orientados al transporte urbano o la sanidad. También flexibilizar la regla de gasto.

La ministra ha recordado que los Presupuestos del próximo año tendrán como ejes: el desarrollo sostenible, el impacto de género y políticas de infancia, juventud y para la familia para luchar contra la desigualdad.

También serán más accesibles a los ciudadanos, que podrá conocer el destino de los impuestos y los gastos más relevantes.

Reforzarán el sistema sanitario público y protegerán a las clases medias y los colectivos más vulnerables, ya que aumentarán las inversiones en becas o en vivienda y políticas de conciliación, al tiempo que también contarán con un plan nacional para combatir la corrupción en la contratación pública.

Ha recordado también el plan de lucha contra fraude que prohíbe las amnistías fiscales y está pendiente del dictamen de Consejo de Estado para que sea tramitado en el Congreso.

Fuente: Abc.es