El Gobierno da un respiro a empresas y autónomos y retrasa a 2027 Verifactu, es decir la obligación de utilizar sistemas informáticos que permitan remitir sus facturas a Hacienda.

Hasta el momento, las compañías que una facturación inferior a los seis millones de euros tenían la obligación con contar con estos nuevos softwares que permiten compartir de forma inmediata sus facturas con el fisco de cara a enero de 2026, mientras que los autónomos debían incorporarlos a partir del 1 de julio de ese año. Ahora, según ha confirmado el Ejecutivo, las empresas retrasarán este deber al 1 de enero de 2027 y los profesionales que trabajan por cuenta propia, al 1 de julio también de 2027.

El Consejo de Ministros aprobó este martes un Real Decreto-ley con los cambios. La decisión de retrasar Verifactu, según ha informado el Ejecutivo, forma parte de los compromisos para gobernar alcanzados con Junts. Concretamente, el Ministerio de Hacienda ha informado este martes en un comunicado que se ha decidido ampliar el plazo «por la necesaria adecuación de los sistemas informáticos de facturación como para garantizar una implantación ordenada y homogénea en el conjunto del tejido empresarial». «Así, se les da mayor margen y plazo para adaptarse al nuevo sistema», indica en referencia a los contribuyentes afectados.

Verifactu llegó como una medida incorporada a la Ley contra el fraude fiscal de 2021 para evitar que empresas y profesionales oculten ventas al fisco y, por tanto, mermen la recaudación del IVA.

Esta nueva norma obligaba en cuestión de días, meses para el caso de los autónomos, a los profesionales a contar con lo que se conoce como un Sistema Informático de Facturación (SIF) que garantice, entre otras cuestiones, la imposibilidad de tener una contabilidad ‘B’ y que las facturas, una vez emitidas, no se puedan modificar.

Los empresarios y trabajadores autónomos que incumplieran con esta obligación afrontaban multas de hasta 50.000 euros.

Además, estos programas debían estar conectados a la Agencia Tributaria para poder remitirles de forma automática y prácticamente en directo las facturas. No obstante, el fisco no había hecho obligatorio que las compañías tuvieran que remitirles la facturación, aunque ya había avisado en varias ocasiones, a través de foros y convenciones, que se vigilaría más a aquellos que no les compartieran las facturas.

Muchas dudas
La nueva obligación había creado muchas dudas sobre su cumplimiento, especialmente, entre los pequeños empresarios. Aunque la Agencia Tributaria había colgado en su página web una serie de preguntas y respuestas para aclarar las cuestiones más repetidas, muchos de ellos aún desconocían si los programas de facturación que utilizaban seguían valiendo, si podían continuar utilizando Excel o Word como hasta ahora y qué pasaba con aquellos pequeños autónomos que aún facturaban a mano.

La normativa es compleja y no resolvía bien las dudas. El fisco ha indicado, hasta el momento, que quedaban fuera de esta obligación aquellos empresarios que continuaran facturando cien por cien a mano. Sin embargo, si en algún momento hacían una factura en un programa informático, pasaban a tener que cumplir con Verifactu.

Respecto a Excel y Word, Hacienda distingue si estos programas que usan los pequeños empresarios procesaban o no los datos. Así, indicaba en su página web que si no procesaban los datos que se incluían en estas hojas, los profesionales no debían acogerse a Verifactu; pero si por el contrario, sí procesaban los datos, debían entonces contar con un software que cumpliera los requisitos.

Cientos de autónomos, para evitar costes, pidieron a la Agencia Tributaria una aplicación online gratuita. Hacienda habilitó este sistema solo para aquellos empresarios que emitieran pocas facturas al año, pero su uso ya les condicionaba a compartir sí o sí de manera inmediata sus facturas con el fisco.

Segundo retraso
Esta es la segunda ocasión que se retrasa la puesta en marcha de Verifactu. Inicialmente, estaba contemplado que arrancara el 1 de julio de 2025. Sin embargo, el fisco pospuso su entrada en vigor a 2026 por la cantidad de alegaciones recibidas por los afectados, que superaron las 200 páginas.

El inicio en 2027 coincidirá con otra obligación relevante para pymes y autónomos: la obligación de emitir todas sus facturas en formato digital. Esta norma también iba a entrar en vigor inicialmente este año, pero finalmente se pospuso a 2027.

Cepyme, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) han valorado positivamente el retraso de esta obligación, que supone un «alivio» para los afectados, ya que les da un mayor margen para prepararse. Sin embargo, desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y la Unión de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) critican que los bandazos del Gobierno solo generan desconfianza e inseguridad jurídica.

Fuente: El Economista