El pacto con Reino Unido permite acceso directo a España sobre los residentes y trabajadores en un radio de 80 kilómetros, vehículos, embarcaciones y aeronaves, sociedades pantalla, inmuebles y fideicomisos del Peñón.

El acuerdo fiscal sobre Gibraltar que han firmado Madrid y Londres tiene a propietarios de sociedades y residentes en la zona planteando un aluvión de consultas a despachos de abogados, ya que cuando se implemente supondrá que el Peñón tendrá que realizar su primer strip tease fiscal. De esta forma, levantará todos los velos sobre los residentes y trabajadores en un radio de 80 kilómetros, sobre embarcaciones, aeronaves y vehículos de motor y sobre las sociedades pantalla, inmuebles y fideicomisos del Peñón. Así lo prevé el texto, al que ha tenido acceso este diario, que el Consejo de Ministros español aprobó el 15 de marzo y en el que la Hacienda española pretende atajar el fraude en la zona, que calcula que cuesta a las arcas públicas cerca de 1.000 millones de euros al año y que aloja cerca de 30.000 sociedades en un territorio de menos de siete kilómetros cuadrados.

El Peñón se compromete a intercambiar automáticamente información sobre trabajadores residentes fiscales en una jurisdicción que trabajen en la otra en el radio de 80 kilómetros citado, lo que además de la Línea de la Concepción, afecta a localidades como Sotogrande. Esta información se retrotraerá hasta enero de 2014.

Respecto de los conflictos de residencia fiscal de las personas físicas, se establecen criterios exigentes a favor de la residencia en España en línea del Acuerdo fiscal entre Francia y Mónaco de no permitir a sus nacionales ser residentes fiscales en Mónaco a quienes cambien su residencia con posterioridad a la firma del acuerdo. Se quiere evitar la utilización de sociedades sujetas al régimen fiscal de Gibraltar por residentes en España o para la realización de actividades económicas en España. Esta medida se acompaña de una rigurosa cuarentena para extranjeros que cambien su residencia al Peñón.

Estos requisitos «no serán de aplicación a ninguna persona jurídica, entidad ni cualquier otro instrumento o forma jurídica que haya sido constituida en Gibraltar antes del 16 de noviembre de 2018 [fecha en que se iniciaron las negociaciones] y que, a 31 de diciembre de 2018 hayan cumplido determinadas condiciones. Sin embargo, cabe destacar que Gibraltar se compromete a proporcionar una lista de las compañías a las que se le aplicaría esta excepción, de sus directivos y propietarios antes de que acabe 2019. En cualquier caso, estos límites quedan rebasados por las medidas del acuerdo que suponen una revolución en el terreno de la transparencia fiscal, por las que España tendrá acceso libre y directo al Registro Mercantil de Gibraltar, a la información sobre titulares reales de empresas, personas jurídicas, fundaciones, fideicomisos y todos sus beneficiarios. Esta información es la clave de bóveda del atractivo de Gibraltar como territorio opaco. La apertura de los Registros de jurisdicciones de las Islas del Canal o de Andorra han acelerado procesos judiciales e informaciones que afectan a políticos, empresarios y celebridades españoles y extranjeros.

Si bien se han planteado críticas a la cesión política que supondría para España la mera alusión al Registro de Gibraltar como posible reconocimiento de estructuras de Estado, desde el lado del cerco fiscal el impacto del acuerdo está claro. El pacto lo rubricaron el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y el ministro de la Presidencia británico, David Lidington, el 4 de marzo Ad referéndum, lo que implica que si no lo avalan sus respectivos gobiernos y parlamentos no tiene validez. España se apresuró a aprobarlo, a la espera de que lo ratifiquen las Cortes.

En Reino Unido el proceso funciona al revés. El texto está en el Parlamento a propuesta de Exteriores y luego volverá al Gobierno, informa Roberto Casado desde Londres. “Se ha acabado la opacidad, se levanta el acceso a las autoridades españolas”, señala Albert Mestres, socio de Toda Nel-lo Abogados, que subraya que los afectados son conscientes del “cambio de paradigma” y están planteando un “alud de consultas”.

Fuente: Expansión.com