El Instituto de Política Familiar (IPF) enmarca esta petición dentro del informe «100 Medidas de Apoyo a la Familia» presentado ayer.

Una fiscalidad que evite la discriminación hacia las familias, y que permita la desgravación para una serie de servicios básicos tales como cuidadores en el domicilio, guarderías, escuelas de padres o de terapia infantil. Esta es solo una de las «100 Medidas de Apoyo a la Familia» que ayer presentó el Instituto de Política Familiar (IPF) ante lo que la organización considera «un panorama para la familia ciertamente desolador, con España inmersa en un invierno demográfico sin precedentes, con un déficit de natalidad y unos hogares cada vez más vacíos», señaló Eduardo Hertfelder, presidente del IPF.

El elevado número de propuestas, «que demuestra que todavía es mucho el déficit de apoyo y promoción a la familia en España», espera servir para la «toma de conciencia de la importancia de la familia y de las indispensables funciones sociales que cumple de cara a las próximas elecciones del 28A y del 26M, que suponen una oportunidad para que los políticos cambien de chip y demuestren su voluntad política de apoyo a la institución. El futuro de las familias se juega en estas elecciones», recuerda Hertlfelder.

Discriminación del IRPF

Junto a esa desgravación fiscal para productos básicos «siempre justificados», para el IPF, entre las medidas que más favorecerían a la institución familiar estarían también la «adaptación del sistema fiscal eliminando cualquier efecto que penalice a la familia y asegurando, además, un trato favorable». Con respecto al IRPF, proponen «eliminar la discriminación existente en la actualidad para aquellas familias con un solo perceptor o donde los cónyuges no tengan la misma renta, respecto a quien tiene ingresos similares».

También sugieren la introducción del concepto «servicios y bienes de consumo y gasto familiar», de manera que sean gastos deducibles en la cuota del IRPF, hasta un 50% de los primeros 1.000 euros y un 25% de los si guientes 2.000 euros gastados en bienes y servicios básicos de consumo por hijo a cargo menor de 18 años.

La natalidad

Entre las medidas de apoyo como institución, el IPF apuesta por la promoción de un pacto de Estado sobre la Familia, Natalidad y la Demografía «a suscribir entre partidos políticos, agentes sociales e instituciones familiares, que otorgue continuidad y permanencia a su promoción evitando vaivenes electorales y que garantice una política común».

En este sentido, señaló Hertfelder, urge la elaboración de un Libro Blanco sobre la familia y la natalidad, en el que se aborde la situación actual, sus problemas, sus causas, consecuencias y efectos, y se propongan alternativas». En concreto es necesario, añadió el presidente del IPF, «poner en marcha un Plan Nacional de Natalidad, de carácter trienal, con dotación presupuestaria suficiente que, al menos, reconozca la importancia de la maternidad para la familia y de la natalidad para el futuro de la sociedad, y que suprima los obstáculos que impiden a las familias tener el número de hijos que desean». Asimismo, insistió Hertfelder, «es necesario abordar cuanto antes el asunto del envejecimiento poblacional y el déficit de natalidad en España y recomendar las medidas necesarias encaminadas a resolver este gravísimo problema».

La conciliación, recordó, «también juega en esto un importantísimo papel», para lo cual solicitan la promoción real de «horarios flexibles, acordes a las necesidades de los trabajadores con hijos pequeños, al cuidado de personas mayores o dependientes, o el impulso de la jornada continua, incentivando a las empresas que lo implementen, o la promoción del teletrabajo con prioridad para los cónyuges con hijos».

Dimensión pública

La familia, concluyó el presidente del IPF, «a pesar de que proceda de una decisión personal, y que tenga por tanto una dimensión privada, es necesariamente social, al desempeñar funciones sociales vitales para la sociedad. Es decir, tiene una dimensión pública. Y como tal, debe ser reconocida, valorada y apoyada y el Estado, a través de un marco social, legal y jurídico, proteger, estimular y favorecer su desarrollo».

Fuente: Abc.es