La Comisión Europea advierte de que el gasto en pensiones, unido a unos ingresos tributarios procedentes sobre todo de rentas del trabajo, dejan al país en una situación delicada.

La Comisión Europea alerta sobre el futuro fiscal de España. El gasto en pensiones amenaza con «comerse» un pedazo cada vez más grande de todo el pastel de ingresos del Estado, algo que podría acabar poniendo a las finanzas públicas en una situación comprometida, tal y como alerta Bruselas en su Informe Anual sobre Impuestos.

«El gasto en pensiones públicas pondrá bajo presión a las finanzas públicas de algunos Estados miembros», indica el texto de la Comisión, que destaca en ese apartado a España al considerar que es el país «en el que se espera que se produzcan los mayores aumentos del gasto en pensiones como porcentaje de los ingresos fiscales hasta 2050».

Según los datos recopilados por la institución europea, en el periodo hasta 2050 España tendrá que destinar una media del 41,0% de sus ingresos fiscales al pago de las pensiones públicas. Su situación es especialmente compleja pues, además de tener que dedicar a las pensiones una proporción cada vez mayor de sus ingresos, se encuentra en el grupo de países del bloque con un mayor desequilibrio en sus finanzas públicas debido a su alto endeudamiento.

«Se trata de un contexto especialmente peligroso», advierte la institución presidida por Ursula von der Leyen.

Bruselas añade que, de forma paralela, España se encuentra entre los países con «una carga fiscal persistentemente inferior a la media europea». Teniendo en cuenta las previsiones que realiza la Comisión, si nada cambia la presión fiscal será 2,5 puntos porcentuales inferior en España a la media del resto de los Estados miembros en 2026, algo que desde Bruselas entienden que se podría corregir para ganar algo de oxígeno ante el fuerte incremento esperado del gasto en pensiones. Pero el Ejecutivo comunitario no centra su discurso particularmente en la menor carga impositiva, sino en una estructura.España recauda un 51,7% de sus ingresos por impuestos a través de gravámenes relacionados con el trabajo mientras que las tasas sobre el consumo aportan menos del 25%.

Envejecimiento
El principal problema de esta estructura es que el mismo factor que provoca el alza del gasto en pensiones puede provocar también un desequilibrio de los ingresos. El envejecimiento de la población en España, que llevará el gasto en pensiones a un pico entre 2046 y 2051, se traducirá también en un menor porcentaje de la población activa, lo que reducirá la recaudación prevista salvo que la inmigración compense esta tendencia. «El envejecimiento de la población puede agravar aún más la disminución (por el momento, limitada) de los ingresos fiscales del trabajo durante la última década», reza el informe elaborado por la Comisión.

Se trata de algo común en muchos países de la Unión Europea, pues en la zona euro hasta trece Estados miembros reciben más de la mitad de sus ingresos por impuestos relacionados con el trabajo, con Suecia (57%) y Alemania (56,6%) a la cabeza.

Con la actual estructura, si la inmigración se redujera un tercio por debajo del escenario central, las economías de países como España o Alemania necesitarían crecer de media alrededor de un punto porcentual más cada año entre mediados de la década de 2030 y 2070 para estabilizar la ratio de deuda pública en el nivel de referencia actual.

Reforma tributaria
La Comisión Europea reclama a España una reforma fiscal dirigida a aumentar el peso de los impuestos sobre el consumo respecto al total de ingresos. Esta es una de las recomendaciones realizadas por el Ejecutivo comunitario en cada semestre, que directamente solicitaba a España «fortalecer más la sostenibilidad fiscal mediante la revisión y simplificación del sistema tributario, incluyendo la transferencia de parte de la carga fiscal del trabajo a los impuestos ambientales, al consumo y a los bienes inmuebles, para apoyar el crecimiento económico y el empleo, la cohesión y la transición ecológica y digital».

Como porcentaje del PIB, España es el tercer país con menor aportación de los ingresos por impuestos sobre el consumo, con apenas un 9% en la última década. Sólo Malta (8,9%) e Irlanda (5,7%) ofrecen unos registros inferiores.

La clave está en los tipos reducidos del IVA. Según señala la Comisión Europea, España es el país con mayor brecha entre lo que debería recaudar por este impuesto (si no hubiese tramos reducidos ni servicios exentos) y lo que finalmente recibe con una diferencia del 57%. Aunque se trata de una medida tremendamente impopular, esta brecha se reduciría un 27% eliminando los tipos reducidos.

Bruselas insta a España a abordar la reforma tributaria cuanto antes para mejorar la perspectiva de sus finanzas públicas a largo plazo antes de que se alcance el pico de gasto en materia de pensiones. Si los Estados miembros abocados a esta situación optan por posponer estas tareas «tendrán que afrontar en el futuro ajustes complicados», señalan desde el Ejecutivo comunitario.

«Los futuros aumentos del gasto en pensiones reducirán el margen de gasto en otras áreas relacionadas con el envejecimiento (asistencia sanitaria, cuidados de larga duración y educación) y no relacionadas, como I+D, Defensa o vivienda, en igualdad de condiciones», advierte la Comisión.

Fuente: Expansión