Organismos como el FMI, la Airef o Fedea advierten de que los desequilibrios presupuestarios persistentes por los niveles de déficit, deuda y gasto limitan la capacidad de respuesta de España a la crisis arancelaria.

España llega con escaso margen fiscal para dar respuesta a la nueva crisis económica, la de la guerra comercial desatada por Donald Trump antes incluso de cumplir sus 100 primeros días en el poder como 47 presidente de los EEUU. En los últimos años, España ha aprovechado el rebote económico tras la crisis del Covid, la creación de empleo y una recaudación récord alimentada por la inflación para ir reequilibrando sus cuentas públicas, pero el efecto inercial se agota y el país asiste al nuevo episodio de inestabilidad global al borde del límite comunitario de déficit, con una deuda pública que supera el tamaño de su economía y un gasto galopante, que se está viendo urgido a elevar en materia de Defensa ante el nuevo escenario geopolítico.

Así lo vienen advirtiendo en los últimos días diferentes organismos globales y nacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Ayer mismo, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), emitió un informe alertando de que «tras acercarse al 10% del PIB en 2020, el déficit público se ha reducido rápidamente con la recuperación hasta volver en 2024 a su nivel prepandemia, sólo ligeramente por debajo del 3% del PIB», que es el umbral a partir del cuál Bruselas abre un expediente de déficit excesivo». Es decir, concluía Fedea, «un nivel que no nos deja demasiada holgura para hacer frente a la próxima crisis, que ya ha comenzado».

El documento se refiere a la guerra arancelaria iniciada por EEUU, que asume que no tardará en lastrar a España. «Mantener el buen desempeño actual de la economía española será un reto complicado», advierte, «de cara a un futuro próximo que se prevé turbulento ante el nuevo shock que supone el radical giro en la política comercial y de defensa americana que ha introducido la administración Trump».

El informe de Fedea, titulado Evolución económica 2019-24 y compilación de las medidas destinadas a paliar los efectos de la guerra de Ucrania, y firmado por su director ejecutivo, Ángel de la Fuente, destaca que «la evolución de las cuentas públicas durante estos años se ha caracterizado por un peso creciente tanto de los ingresos como de los gastos, que han aumentado en 3,5 puntos entre 2018 y 2024».

Concretamente, según el Informe sobre los Presupuestos iniciales de las Administraciones Públicas 2025, publicado el pasado jueves por la Airef, el nivel de los ingresos públicos se ha incrementado hasta alcanzar un 41,6% del PIB este ejercicio (42,4% incluyendo los ingresos del Plan de Recuperación sufragado por los fondos comunitarios Next Generation). En paralelo, el gasto público se eleva este año hasta el 44,3% del PIB.

Como resultado, calcula Airef, las cuentas públicas españolas cerrarán este año con un déficit de 2,7 puntos sobre PIB (2,4 si no se tienen en cuenta las medidas de gasto desplegadas para atender a los afectados por la Dana que azotó Valencia en octubre).

Las cifras suponen una ligera mejora respeto al 3,15% de agujero fiscal con el que España cerró 2014 (2,8% tras descontar la factura de la Dana). Por su parte, la deuda pública se rebajará este año en un punto, para situarse en el 100,8% del PIB al cierre de 2025, frente a los 3,3 puntos de reducción del año anterior.

Airef, que advierte de que, «el crecimiento económico ha sido el principal impulsor de la disminución de la ratio [de deuda] tras el incremento inicial de la pandemia», avisa de que su contribución será «menor en este ejercicio», lo que junto al menor flujo de fondos comunitarios «se traducirá en una desaceleración del ritmo de reducción de la deuda».

Todo en un contexto de frenazo del comercio mundial por los aranceles de Trump que, solo por la incertidumbre causada amenazan con arrebatar 0,5 puntos al 2,5% de crecimiento previsto para 2025, apunta Airef.

«Un riesgo externo clave es una nueva escalada de las medidas comerciales, en especial las que involucran directamente a la Unión Europea (UE)», a la que Trump ha impuesto aranceles específicos del 20% que de momento ha dejado en suspenso durante 90 días, subrayaba el jueves el Fondo Monetario Internacional en su examen anual a la economía española, bajo el Artículo IV de la institución. A partir de ahí, proseguía relatando el FMI al analizar los principales riesgos a la baja para la economía española, «en el plano interno, la fragmentación política podría impedir una respuesta fiscal si la reducción del déficit de España no llegara a cumplir los compromisos asumidos en el marco de gobernanza de la UE o si en el mercado surgieran inquietudes acerca de los riesgos soberanos en Europa». El FMI concluye que «el aún elevado nivel de deuda y la fuerte posición cíclica de la economía justifican anticipar el ajuste fiscal previsto por las autoridades» para avanzar en el reequilibrio de las cuentas públicas y tratar de generar un colchón con el que hacer frente a las nuevas crisis.

De momento, de hecho, el escaso margen fiscal con el que cuenta España para reaccionar frente a Trump, ha propiciado un plan de respuesta del Gobierno que obvia ayudas directas a los sectores afectados -como pide el PP en forma de rebajas fiscales y de cotizaciones- para movilizar 14.300 millones de euros básicamente como financiación que aprovecha medidas preexistentes.

Defensa y pensiones elevan la carga
Dos factores amenazan con tensionar las cuentas públicas españolas más allá de los efectos de la guerra comercial emprendida por Donald Trump: la creciente presión para que los miembros de la OTAN incrementen su gasto militar, carrera en la que España no llega aún ni al 2% sobre PIB actualmente exigible, y la proyección demográfica del país. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte de que «la elevada deuda pública y las inminentes presiones de gasto» por estas dos vías «entrañan riesgos fiscales a medio plazo».

«Se prevé que el incremento proyectado a largo plazo del gasto relacionado con el envejecimiento por concepto de pensiones, salud y cuidados de larga duración -de cerca del 4% del PIB en 2050, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef)-comience a ejercer una presión creciente sobre las finanzas públicas», detalla el último examen del FMI sobre la economía española, que agrega que «aumentar el gasto en defensa hasta el objetivo del 2% del PIB fijado por las autoridades requeriría recursos adicionales». Aquí, la Airef calcula que el país excederá este año el incremento de gasto neto permitido por la UE (con un 4,6%, 9 décimas por encima de lo permitido) y que necesitará exprimir la barra libre de gasto militar excluido de déficit que facilita activar la cláusula de escape de las reglas fiscales.

En este marco, el FMI incide en la necesidad de que el Gobierno aproveche el impulso económico para «recomponer más rápidamente el espacio fiscal» y reducir los riesgos de deuda soberana

Fuente: Expansión