Cerca de dos millones de usuarios deberán pedir de nuevo este descuento en el recibo eléctrico.

Las eléctricas dejarán de tener acceso a la declaración de la renta de sus clientes

El Ministerio de Energía ultima la puesta en marcha de la plataforma que evitará que las eléctricas tengan acceso a los datos de renta de sus clientes y agilizará los trámites para conseguir el bono social.

El Gobierno había puesto en marcha el nuevo bono social sin tener lista esta aplicación informática, un extremo que resultaba incómodo para los usuarios pero también para las compañías que tenían que gestionar así manualmente un gran número de documentación personal extremadamente delicada, entre ella, la declaración de la renta.

La Resolución, que se espera que se pueda hacer pública en breve, comunicará que la aplicación para la comprobación de los requisitos del bono social está ya operativa. Desde ese momento, ya se estará en situación de operar la plataforma con datos reales.

La intención del Gobierno con este lanzamiento temprano era acelerar la campaña de comunicación y la entrada en el bono social de todos los clientes que pudieran tener acceso antes del invierno con la más que presumible subida de las tarifas que se va a producir a tenor de los efectos de la sequía.

Renovar la petición

En la actualidad hay cerca de dos millones de consumidores acogidos a la figura del bono social. Estos usuarios tendrán que volver a pedir antes del próximo mes de marzo la adhesión a esta tarifa para poder mantener sus ventajas, siempre que tengan acceso a la misma con las nuevas condiciones. No obstante, todo aquel que no lo haga, dejará de percibirla en esa fecha. En el primer mes de gestión del bono social, las eléctricas han gestionado alrededor de 7.000 peticiones como consumidores vulnerables, lo que supone una cifra notablemente baja frente a los dos millones de clientes.

Para solicitar el bono social hay que aportar, según la CNMC, el modelo de solicitud (Disponible en la web de cada Comercializadora de referencia), una fotocopia del NIF o NIE del titular del punto de suministro y, en su caso, de todos los miembros de la unidad familiar (incluidos los mayores de 14 años con capacidad de obrar y de los menores de 14 años que dispongan de él), el certificado de empadronamiento, individual o conjunto, de todos los miembros de la unidad familiar, así como el Libro de familia o, en su caso, certificación de la hoja individual del Registro Civil de cada uno de los integrantes de la unidad familiar.

Las eléctricas están pidiendo además la declaración de la renta o certificado de imputaciones de todos los miembros de la unidad familiar, ya que en estos momentos no tienen otra forma de hacer las comprobaciones, pero con el lanzamiento de esta plataforma, este trámite dejará de ser necesario.

Una vez solicitado el bono social se aplicará durante el plazo de dos años, siempre que con anterioridad no se produzca la pérdida de alguna de las condiciones que dan derecho a su percepción.

En cualquier caso, el consumidor está obligado a comunicar al comercializador cualquier cambio que suponga la pérdida de la condición de consumidor vulnerable, en el plazo de un mes desde que se produzca dicho cambio.

El descuento aplicable al consumidor vulnerable será del 25 por ciento sobre el PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor). En el caso de reunir las condiciones de consumidor vulnerable severo, el descuento será del 40 por ciento sobre el PVPC.

En ambos casos, el descuento se aplica sobre el término de energía y sobre el término de potencia del PVPC. En el término de energía, existe un límite máximo anual de energía con derecho a descuento que se calcula prorrateando éste entre el número de días que comprende cada factura. La energía por encima de dicho límite se facturará al PVPC sin descuento.

Fuente: ElEconomista.es