La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) ha criticado el impuesto que la Generalitat Valenciana pretende imponer al vertido e incineración, ya que afectará únicamente a los residuos de gestión privada y no a los de gestión pública.

Según federación empresarial, se trata de la normativa de la Generalitat por la que se modifica el artículo 155 de la Ley 10/2012 de medidas fiscales y crea un impuesto a la «incineración, coincineración y valorización energética de residuos y rechazo de residuos».

La directora general de FER, Alicia García-Franco, ha afirmado que no está de acuerdo con que «se apliquen este tipo de gravámenes a flujos procedentes de rechazos de plantas de tratamiento de residuos, excluido el simple almacenamiento, una vez que estos residuos ya han sido procesados y han recibido un tratamiento por parte del gestor».

Ha añadido que con este impuesto «se cierran las puertas a todas las alternativas de gestión de estos rechazos no valorizables, como es la valorización energética».

En su opinión, «tienen que existir operaciones alternativas técnica, ambiental y económicamente viables y probadas, así como extendidas a nivel industrial en todo ese sector y se tienen que cumplir todas estas condiciones, situación que no se da en España».

Aunque la nueva normativa tiene como finalidad el fomento del «reciclado y la valorización de los residuos, así como la disminución del impacto sobre el medio ambiente», quedan exentos de dicho impuesto los residuos domésticos cuya gestión sea competencia de administraciones públicas, el depósito en vertederos de residuos generados en el proceso de valorización energética de residuos urbanos y aquellos residuos ordenados por autoridades públicas en situaciones de fuerza mayor o catástrofe.

Según García-Franco, son los residuos domésticos sobre los que la Unión Europea ha hecho «especial hincapié» para evitar su vertido e incineración, «fijando unos objetivos de reciclaje obligatorios del 65 % en 2035 y de los que España está muy lejos, con un porcentaje actual del 33 %».

La directora ha aseverado que «si el objetivo del impuesto es fomentar el reciclado, no debería aplicarse al residuo que tiene su origen en el tratamiento de otros residuos para su reciclaje», porque se produce en esa situación «un impuesto de facto al propio reciclaje».

Según García-Sancho, la situación generada con este tributo que aplicará la Generalitat «no es coherente» con el esfuerzo que realizan las empresas recuperadoras, «cuyo principal objetivo es obtener el máximo aprovechamiento de los residuos que gestionan en sus plantas de tratamiento, aspecto clave para la viabilidad y rentabilidad de su negocio».

La normativa también sitúa a las empresas recuperadoras que operan en la Comunitat Valenciana ante «un claro caso de discriminación» con respecto a las de otras comunidades autónomas que no deben hacer frente a estos «impuestos injustos y desproporcionados», ha asegurado.

Fuente: Abc.es