Esta sentencia ofrece esperanza a los colectivos de trabajadores por cuenta propia, que solicitan una reforma de la ley de Segunda Oportunidad.

Recientemente, la denominada ley de Segunda Oportunidad ha vuelto a ser noticia porque, el pasado 2 de julio, una sentencia del Tribunal Supremo vino -en palabras de María José Landaburu, secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE)- «a enmendar» dicha ley, «permitiendo a autónomos y autónomas en quiebra una condonación de hasta el 70 por ciento de la deuda contraída con Hacienda y la Seguridad Social».

Según datos del pasado mes de mayo, solo 9.000 personas se han acogido desde su entrada en vigor en julio del año 2015 a esta norma pensada para la exoneración de deudas a pymes y particulares. Esta cifra -ofrecida por el Centro de Estudios sobre la Ley de la Segunda Oportunidad en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE)- dista notablemente del número de personas que han hecho uso de normas similares en Francia o Alemania, superando las 100.000.

Y es que, aunque esta ley nació con el objetivo de ofrecer la posibilidad de emprender de nuevo a aquellos profesionales en insolvencia o quiebra -tras una mala experiencia empresarial-, lo cierto es que «la ley sólo tiene de segunda oportunidad el título», como afirma Celia Ferrero, vicepresidenta de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA).

Ferrero explica que «la no inclusión de los créditos públicos (Agencia Tributaria y Seguridad Social), que son los que realmente hunden al autónomo, y la inexistencia de itinerarios para ayudar al que quiebra a recuperarse y reemprender, han hecho que esta ley sea inútil para la mayoría de autónomos que se enfrentan al cierre».

Sin embargo, la sentencia del alto tribunal ofrece esperanza a los colectivos, que ahora solicitan que esta ley se corrija cuanto antes, para incorporar el nuevo criterio establecido por el Supremo.

Landaburu va más allá y añade la necesidad de establecer legalmente «un límite de tiempo en el que la parte no exonerada de la deuda pública sea exigible y, a nuestro juicio, ese plazo puede ser de cinco años, como ocurre con el resto de las deudas acogidas al plan de pago».

Esta medida supondrá un desahogo para los autónomos que se acojan a la ley, pues no se debe olvidar -tal y como se extrae del Informe sobre autónomos y/o freelances de Infoempleo y Grupo Adecco- que la alta fiscalidad se revelan como el principal problema del 42,5 por ciento de los trabajadores por cuenta propia.

Nacidos para ser autónomos

Ante las numerosas dificultades a las que tienen que hacer frente los trabajadores por cuenta propia -entre las que también se encuentran las elevadas cargas sociales y administrativas, encontrar clientes y conseguir financiación, según el estudio de Adecco e Infoempleo- es normal que algunas primeras experiencias no lleguen a buen puerto. Pero el autónomo no se rinde y para volver a iniciar su proyecto necesita, en ocasiones, ayudas como la ley de Segunda Oportunidad.

«A pesar de que tengamos que estar luchando, y superponernos a todas las cosas que nos puedan pasar, trabajar por cuenta propia tiene muchas cosas positivas», explica Clara, odontóloga, en uno de los últimos vídeos de Nacidos para ser autónomos, iniciativa de Orange para apoyar a todos aquellos valientes que se enfrentan a la aventura de emprender.

Beneficiarse de la Segunda Oportunidad

La ley de Segunda Oportunidad señala la posibilidad de activar un procedimiento -con la ayuda de un Mediador Concursal- para que, tanto un trabajador autónomo  como  una persona jurídica en estado de insolvencia, pueda negociar el pago de sus deudas con los acreedores. Dichas deudas no pueden superar los cinco millones de euros.

Hasta la fecha, la norma excluye las deudas contraídas con Hacienda y la Seguridad Social, pero la nueva sentencia expuesta anteriormente puede sentar precedente para lograr al fin una modificación de la ley; algo que llevan pidiendo los colectivos desde 2015.

Solo así, explica Ferrero, «habrá una Segunda Oportunidad real para los autónomos».

Fuente: ElEconomista.es