Nuevo revés judicial para Hacienda. El Tribunal Supremo ha anulado parcialmente la orden ministerial que exige a todos los contribuyentes la presentación de la declaración de la renta a través de Internet. En una sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que esta obligación es contraria a derecho porque “se establece de manera general” para todas las personas físicas “sin determinar los supuestos y condiciones que justifiquen, en atención a razones de capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos”.

El Alto Tribunal llegó a esta conclusión tras estudiar un recurso de casación que presentó la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que avaló los artículos de la Orden del Ministerio de Hacienda HAC/277/2019, de 4 de marzo, que fijaba dicha imposición general.

Según los magistrados, la presentación de la declaración de la renta de manera telemática es un derecho reconocido por la Ley General Tributaria, pero nunca una obligación. En esta línea, apunta que dicha ley sí establece el deber de la Administración de promover la utilización de los medios electrónicos, pero no su imposición.

“La Administración puede realizar acciones que propicien y faciliten la consecución de determinado objetivo, en este caso la utilización de ‘técnicas y medios electrónicos, informáticos y medios telemáticos’, pero no puede imponer su utilización obligatoria a los ciudadanos, en tanto que obligados tributarios, a los que, como reconoce el artículo 96.2 LGT (Ley General Tributaria), se les reconoce el derecho a relacionarse con la Administración, y a hacerlo con las garantías necesarias a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos, pero no la obligación de hacerlo, no desde luego como resultado de esta norma, cuyo significado como principio general de ordenamiento jurídico tributario resulta patente”, subraya la sentencia.

Según Esaú Alarcón, miembro de Aedaf y responsable de la dirección letrada de este asunto, esta sentencia “tiene dos puntos clave”. El primero es que la Administración tributaria “vuelve a tener la obligación de dar la posibilidad de presentar la declaración de Renta en papel”. Y, por otro lado, y no menos importante, es que el Tribunal Supremo ha confirmado que “la relación con las Administraciones tributarias puede ser electrónica, pero esto es un derecho, nunca una obligación”.

Alcanza a la “generalidad” de las personas

En concreto, la resolución indica que Hacienda no puede interpretar otros artículos de la ley tributaria y de la del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) como una habilitación para imponer con “carácter general una obligación allí donde el artículo 96.2 de la ley establece un derecho”.

Y eso es, dicen los jueces, lo que “cabalmente” hace la orden ministerial impugnada, pues la obligación de realizar el trámite en cuestión por vía electrónica «se dirige a todo el potencial colectivo de obligados tributarios»,  sin hacer un distinción de “condición personal que justifique que se imponga la obligación de declarar y liquidar por medios electrónicos. El IRPF, recuerda el Alto Tribunal, es un impuesto que “alcanza a la generalidad de las personas físicas que realicen el hecho imponible”.