En el ámbito concreto de las carreteras, proponen proyectos por un total de 32.000 millones de euros para impulsar vías «seguras, conectadas y verdes». Entre ellos, figura el de adaptar 5.000 kilómetros de vías a la movilidad eléctrica con la instalación de 14.900 puntos de recarga para vehículos.

Lazcano ha puesto también el foco sobre la rehabilitación y ha pedido beneficios fiscales para fomentar esta actividad. «De los 10 millones de edificios existentes en España con 26 millones de viviendas, solo un 5% están construidas con el Código Técnico de Edificación, otro 40% están construidas con la normativa básica de 1979 y un 55% sin ninguna normativa. Además, el 80% de estos edificios seguirá en pie en 2050, que es cuando la UE se propone alcanzar la neutralidad de las edificaciones».

Teniendo en cuenta estas cifras el directivo calcula que si «entre el fondo nacional de la energía, el Plan de Viviendas y de los fondos europeos, se destinaran 2.000 millones de euros al año a la rehabilitación de viviendas, lo que supone pasar de las escasas 30.000 viviendas rehabilitadas actualmente a 120.000, en cuatro años se habrían generado una actividad económica equivalente a 52.000 millones de euros, se habrían creado 832,000 puestos de trabajo, equivalentes a tiempo completo a 208.000, y se habrían reducido los costes de desempleo en 7.200 millones de euros y se habría generado un retorno fiscal de 15.200 millones de euros».

Para dinamizar la demanda, Lazcano considera aconsejable aplicar alguna de las siguientes medidas fiscales como la reducción de los costes fiscales en IVA, IBI y el impuesto y tasas sobre licencias municipales. Asimismo, deberían establecerse desgravaciones fiscales sobre la inversión en IRPF e impuesto de sociedades y subvencionar las actuaciones en función de la capacidad económica de los propietarios y flexibilizar los parámetros urbanísticos como la edificabilidad, el número máximo de viviendas y cambios de uso.

Plan de recuperación

«Para que estas medidas puedan materializarse sería conveniente que Gobierno y oposición consensúen un plan de recuperación, sin olvidar a las comunidades autónomas y corporaciones locales, y que tenga en cuenta cuantas aportaciones hacemos desde las organizaciones empresariales. Es necesario también que se elaboren unos Presupuestos del Estado que refuercen la inversión pública aprovechando el relajamiento de la disciplina fiscal de la UE y aprovechando los fondos europeos disponibles», destaca Lazcano.

Si bien, el presidente de CNC cree que «todo esto no será suficiente por que tenemos que atender un gasto social cada vez más creciente y es necesario plantearse otras formas de financiación para afrontar esta realidad económica». Así, considera que «tenemos que revisar nuestro modelo de financiación de infraestructuras y para ello debemos recuperar la colaboración público privada, fomentando el modelo de concesión, que no altera la titularidad pública de nuestras infraestructuras, anticipa y difiere en el tiempo nuestras inversiones minimizando la captación de recursos públicos y su impacto en el déficit público».

Respecto al debate sobre los peajes, el presidente de la patronal apuntó que «no podemos seguir evitando el debate sobre la necesidad de replantearnos la distribución de las cargas que los ciudadanos soportan por la construcción de sus infraestructuras y conservación. Es necesario ir a un modelo más sostenible y solidario, más justo y equitativo, que libere más recursos públicos al gasto social e involucre en mayor medida al usuario habitual de nuestras infraestructuras», concluye.

Avales para la compra de viviendas

El presidente de la patronal de los promotores APCEspaña, José Antonio Gómez-Pintado, ha aprovechado su intervención para pedir de nuevo al Gobierno que avale, a través del ICO, la compra de vivienda por parte de los jóvenes. «De los 7,5 millones de jóvenes, hemos detectado a 1,5 millones que tendrían capacidad de pago de una hipoteca, pero sin embargo, no han podido ahorrar», explica el empresario. «Sólo el 17% de las personas menores de 35 años han podido emanciparse y en un futuro, si no somos capaces de dar una solución a este problema, esto afectará a las cuentas públicas y a la sostenibilidad del sistema de pensiones», advierte el directivo.

Gómez-Pintado cree que con el aval por parte del ICO a una parte de la operación de compra de la viviendas se dinamizaría muchísimo el sector y esto supondría la creación de empleo y de ingresos por parte de la administración. «Con un volumen de 350.000 viviendas, las arcas públicas tendrían unos ingresos de más de 15.000 millones de euros y todo sin poner un euro el Estado», asegura.

«Hoy en día los bancos dan el 75% del valor de la vivienda en una hipoteca. Nosotros no requerimos fondos del Gobierno, solo pedimos un compromiso de aval para que los bancos amplíen el crédito hasta el 95% dando cobertura a estos jóvenes. Solucionaríamos varios problemas de una tacada», destaca el presidente de APCEspaña. Este sistema, inédito en nuestro país, es sin embargo una experiencia de éxito en otros países como Reino Unido o Francia.

Para facilitar el acceso a la vivienda, Gómez-Pintado ha pedido también una modernización de la administración, ya que los retrasos burocráticos llegan a «plazos insostenibles para la inversión» y disparan los costes llegando a suponer un sobrecoste en el precio de las viviendas de hasta 40.000 euros en determinados municipios de España, según un estudio realizado por la patronal junto a EY. Por otro lado, el directivo ha pedido una ley de seguridad jurídica para que se ataje una situación que hace que las tramitaciones administrativas demoren entre 7 y 20 años la disposición de suelo, «nuestra materia prima».

«Cualquier inversor sabe cuando entra en un proyecto, pero no cuando sale, y esto ha producido situaciones de especulación que nada tienen que ver con el sector actual. Necesitamos una ley que haga posible que nuestro sector sea industrial, resiliente y sostenible», concluyó el directivo.

Impulso al productor nacional

El presidente de Oficemen, Víctor García, destacó que cada 1.000 millones invertidos en el sector de la construcción genera 10.000 puestos de trabajo directos y otros 5.000 en industrias conexas. Por eso, lamentó que «llevamos diez años perdidos» en materia de infraestructuras públicas por los sucesivos ajustes para cuadrar cuentas públicas, «y es algo que, como país, no nos podemos permitir».

«En el mes de abril hemos detectado una caída de la demanda de cemento del 50%. Tenemos que remontarnos a los años 60 para encontrar una demanda similar». Por eso, García apuntó a la necesidad de dar un «impulso decidido a las infraestructuras», lo que nos «permitirá avanzar en los objetivos de la agenda 2030» y también a la venta de viviendas y la rehabilitación «ya que la llegada de la población a las ciudades es imparable, lo que va a generar enormes retos energéticos y en el tratamiento del agua».

Asimismo, cree que «debemos aseguramos de que el esfuerzo de incremento de demanda en el consumo de cemento es captado por la industria nacional» y también que deben garantizarse las mismas reglas del juego para que la industria del cemento sea competitiva. Así, cree que es necesario aprobar el estatuto de la industria electrointensiva, ya que actualmente la industria española está soportando un sobrecoste del 20-25% «por encima de las empresas alemanas y francesas».

Según indicó, un incremento «sostenido de la inversión en la construcción e infraestructuras equivalente al 1% del PIB, generaría 100.000 empleos directos y 80.00 indirectos». «Es el impulso que nuestro país necesita en estos momentos», destacó.

Para el presidente de Cepco, Luis Rodulfo Clemente, es el momento además de poner coto a la morosidad para evitar impagos a «toda la cadena de valor». El directivo puso en valor la industria de los materiales de construcción, que el año pasado facturó por demanda interna 28.000 millones de euros y exportó 25.000 millones, «el 8,53% de las exportaciones españoles y con un saldo positivo para España de 6.000 millones». «Somos más de 33.000 empresas y representamos al 90% del I+D+i de todo el sector construcción y a más de 55% de los certificados de productos de Aenor en este momento». Rodufo demandó que esta misma calidad certificada se pida a otros competidores no nacionales, así como que lo tenga en cuenta la ley de contratos del sector público.

Para el sector reclamó un plan de internacionalización específico al ICEX y en cuanto a la inversión en infraestructuras, indicó que «siempre se asocia al sector con las carreteras, pero va más allá, como las infraestructuras educativa, sanitarias, de transporte, de energía o de agua».