El Gobierno de la Generalitat aprobó este martes una medida para duplicar el impuesto turístico, ya existente, a todo tipo de alojamiento en Cataluña. Lo hace sin consultar ni al sector y ni a los municipios catalanes que pueden ver afectada la competitividad de su oferta. Elige la vía del decreto ley, sin estimar la opción de hacerlo como proyecto de ley, lo que permitiría la lógica y necesaria entrada de enmiendas y participación del sector y de las administraciones locales.

Justifican el aumento en que el 25% de los ingresos generados por el impuesto, se destinará a políticas de acceso a la vivienda. Y argumentan que, dado el buen desempeño del sector turístico en Cataluña, es razonable solicitar un esfuerzo adicional a los visitantes para abordar problemáticas locales, como la vivienda. Cierto es que la vivienda es hoy un problema para la ciudadanía, pero más cierto es que debe ser afrontado con inversión y políticas públicas.

La medida dobla el actual impuesto y permite a su vez la creación de un recargo municipal adicional, hasta ahora sólo posible en Barcelona, para toda Cataluña. El Gobierno municipal de Collboni ya ha anunciado que también duplicará el recargo. Barcelona se convertirá así en la ciudad europea con mayor coste fiscal para el sector del Turismo.

Actualmente el impuesto aporta a la capital catalana 130 millones anuales, representando el tercer ingreso más importante del presupuesto municipal. Barcelona recibe hasta 50 millones de los 90 millones anuales que genera el impuesto turístico en toda la Comunidad, cifra a la que, si se le añaden los 80 millones del recargo municipal, nos da una cifra muy cercana al total que el municipio destina a políticas de vivienda.

Como no podía ser de otra manera, el sector turístico ha expresado su preocupación por el aumento. Entidades como la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE) consideran que la medida afectará negativamente a la competitividad del sector. Todo ello, sin contar no solo con el agravio comparativo, sino también con el aumento de costes que supondrá. En la actualidad, Barcelona es una de las cinco ciudades europeas con el impuesto turístico más elevado. Con esta propuesta, ascendería a la primera posición en el ranking, por encima de ciudades en el que el precio medio del hotel es más alto. En el caso de los hoteles de 4 estrellas se llegaría a los 11,40 euros, por noche, muy por encima de París con 8,13 euros y Roma con 7,50 euros. En cuanto al resto de los municipios catalanes, su oferta de alojamiento sufriría un agravio frente a otros destinos en España o frente a países que compiten directamente con nuestro país, lo que, sin lugar a duda, haría perder competitividad al sector.

Algunas cifras ya apuntan a un descenso continuado de las ocupaciones de manera regular desde el verano. La calidad y el atractivo de Barcelona y Cataluña es indudable, pero el precio también es un elemento para que visitantes, ferias y congresos elijan Barcelona como su ubicación preferente. El sector no es tan resiliente como se quiere hacer ver y tampoco lo son muchas otros como las ferias que dependen del atractivo y sostenibilidad de la oferta de alojamiento.

El turismo es un motor que genera crecimiento económico, inversión y empleo. Cataluña aporta el 25% de los ingresos totales por turismo al Estado español, procediendo el 50% de la ciudad de Barcelona que en el cómputo total significa el 12,5% de los ingresos por turismo en España. Ante esta realidad, es necesario preguntarse si la justificación de la medida es la de incrementar fondos para abordar otras necesidades, o el propósito real es dificultar el progreso del sector turístico e intentar ahogarlo fiscalmente. Partidos políticos como En Comú Podem que apoyan y solicitan doblar el impuesto, han manifestado públicamente su voluntad de reducir el sector turístico en Cataluña.

No sería más lógico una mayor valentía por parte de los gobiernos y ante la urgencia de la necesidad de generación de ingresos por el tema de la vivienda, incrementar el porcentaje de los ingresos derivados del impuesto destinados a vivienda del 25% actual, al 50% en vez aumentar el impuesto turístico, así como analizar un incremento sostenible y quizás progresivo en el tiempo. Piense el lector que 4 de cada 10 catalanes eligen destinos locales en Cataluña para sus vacaciones. Como también desmotivará la elección de Barcelona como ciudad de destino para grandes eventos como congresos y ferias, por el aumento de costes que representa. En definitiva, hay que legislar para construir, no para erosionar las bases de un sector básico en nuestra economía.

Fuente: El Economista