El impuesto al plástico ha cumplido ya nueve meses de vigencia -desde el 1 de enero de 2023- y su aplicación sigue siendo un problema para las empresas. El diseño de una figura tributaria pionera en la Unión Europea, que grava con 0,45 euros cada kilogramo de los envases de plástico no reutilizables de un solo uso que se fabriquen o adquieran, ha generado más dudas que certezas entre los obligados tributarios a la hora de determinar cómo tributar este gravamen, comenzando por identificar qué se considera como envase y plástico.

El Gobierno desestimó las solicitudes de aplazamiento argumentando que el impacto del tributo es muy pequeño al suponer, según el ejemplo utilizado por el Ejecutivo, un coste de poco más de un céntimo de euro por una botella de 1,5 litros. La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) estima que el gravamen podría tener un impacto de alrededor de 7.000 millones de euros y amenaza la supervivencia de 2.400 empresas y más de 25.000 empleos.

Sin embargo, las mayores complicaciones del tributo son a nivel de las cargas burocráticas que conlleva, especialmente para la trazabilidad de los productos importados, tanto por origen como por contenido de plástico. Antes de su entrada en vigor, tanto los fiscalistas como algunos de los sectores más afectados, como el de la distribución, alertaron sobre las dificultades técnicas que la aplicación de este gravamen iba a suponer.

Ahora, tras nueve meses en vigor, la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), que no critica la finalidad buscada por esta figura tributaria, ha publicado un demoledor informe en el que señala todas las debilidades en su diseño.

En primer lugar, Aedaf critica que esta figura impositiva fue diseñada «de forma totalmente precipitada» por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico «sin tener en cuenta las observaciones presentadas en el trámite de información pública» y que «no se contó ni con el apoyo necesario por parte del Ministerio de Hacienda ni con los operadores del sector». Asimismo, denuncia que la orden ministerial que explica la liquidación del impuesto se publicó tan solo dos días antes de su entrada en vigor, lo que impidió llevar a cabo las adaptaciones necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas. «Hemos tenido que asistir a situaciones tan kafkianas como el hecho de que, hasta el 30 de diciembre de 2022, hemos tenido que trabajar con unos modelos de contabilidad recogidos en las presentaciones publicadas por la AEAT, en donde claramente se indicaba que se trataba de documentos no vinculantes sujetos a cambios», denuncia el informe de Aedaf.

También señalan los fiscalistas que no se cuenta con «ningún tipo de soporte jurídico» para la correcta aplicación del impuesto y que «la marabunta de documentación» publicada por Hacienda «no ha hecho sino introducir mayor inseguridad en los sujetos pasivos que, en ausencia de cualquier normativa de desarrollo, están sujetos a cambios de criterios continuos por parte de las autoridades fiscales».

Así, Aedaf resalta que «el establecimiento de las obligaciones formales» supone «una carga desproporcionada para el contribuyente», en especial para las pequeñas y medianas empresas. «Estamos ante un impuesto inmaduro, con una gestión compleja que pone de manifiesto el gran desconocimiento del sector en esta materia y, por qué no decirlo, la falta de respeto hacia los contribuyentes», añade.

Denuncia ante la Comisión

Por otro lado, los asesores fiscales también consideran que el impuesto contraviene la legislación europea. En concreto, el informe de Aedaf asegura que «no hay duda de que la norma reguladora del impuesto ha introducido una serie de obligaciones formales y materiales de difícil cumplimiento para todos los operadores y que suponen un coste económico directo e indirecto, en particular para los adquirentes intracomunitarios de los productos sujetos al impuesto, limitando así el comercio con otros Estados miembros».

Por ello, considera que «estamos ante un impuesto nacional que genera discriminaciones, aunque sean parciales, y distorsiones en el mercado interior de los envases sujetos al impuesto, siendo un gravamen que vulnera lo previsto en el artículo 110 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)». Es por ello que Aedaf ha denunciado ante la Comisión Europea la normativa de este impuesto, estando en estos momentos a la espera de una respuesta.

Por todas estas cuestiones, Aedaf califica duramente el gravamen al plástico como un «engendro fiscal» y advierte de que «estamos ante un impuesto inmaduro que goza de numerosos defectos técnicos y que pide a gritos una revisión en profundidad, tanto de sus elementos estructurales, como de su esquema de liquidación y obligaciones formales, con la idea de que la inversión a realizar por los contribuyentes en términos de tiempo y dinero sea proporcional con el importe objeto de recaudación».

Fuente: Expansión