El Gobierno y la oposición recrudecen su guerra económica y llevan la pelea a la tramitación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. El Partido Popular ha confirmado este lunes que bloqueará en la votación que tendrá lugar el miércoles la senda fiscal sobre la que el Ministerio de Hacienda sustenta la elaboración de las próximas cuentas públicas. En consecuencia, al menos según la interpretación de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, la tramitación del proyecto presupuestario quedaría congelada hasta que la Cámara alta diese luz verde a una nueva senda fiscal. En el Ejecutivo, sin embargo, aseguran contar con un arma que les permitiría salvar los muebles y así poder aprobar una de las leyes más importantes de cualquier legislatura.

La senda fiscal que el Senado votará previsiblemente en dos días, necesaria para diseñar y aprobar los Presupuestos, plantea una reducción del déficit público desde el 3,9% de 2023 al 3% del PIB en 2024, en sintonía con las reglas fiscales que vuelven a estar operativas en este ejercicio. El pasado diciembre, el departamento que dirige María Jesús Montero comunicó a las autonomías y entidades locales su papel en esta corrección. Los objetivos serían del 0,1% para las comunidades y del 0% para los municipios, frente al equilibrio exigido previamente para los primeros y el superávit del 0,2% fijado para los segundos. En resumen, más margen fiscal en detrimento de la Administración Central, que asumiría este desvío adicional.

En el Gobierno insisten en que la estrategia del PP es inútil y supone tirarse piedras sobre el propio tejado. En concreto, Hacienda asegura que existen mecanismos legales, avalados por la Abogacía del Estado, para poder desbloquear la tramitación de las cuentas públicas, por lo que la táctica de los populares tan solo conseguiría retrasar durante unas semanas el calendario previsto por el presidente, Pedro Sánchez. Según fuentes del ministerio, si las Cortes rechazan dos veces esos objetivos, “la senda de estabilidad será la que estuviera vigente”. En caso de que no haya, como sucede a día de hoy, “la Abogacía del Estado señala que los objetivos de estabilidad serán los que el Gobierno hubiera incluido en el Programa de Estabilidad” remitido a la Comisión Europea y validado por Bruselas. ¿Qué pasaría en este caso? Hacienda responde tajante: las autonomías y ayuntamientos tendrían menor margen fiscal, por lo que el PP estaría perjudicando a muchos de sus gobiernos regionales y locales. Fuentes de la formación capitaneada por Feijóo dudan, sin embargo, de la existencia de ese informe.

De darse esta situación, la oposición podría posponer los planes del Ejecutivo, pero tan solo durante uno o dos meses. Pasado el plazo, el Gobierno contaría con Presupuestos y tendría atada buena parte de la legislatura, siempre en caso de tener los apoyos para sacarlos adelante. El precio de este fugaz bloqueo recaería principalmente sobre los gobiernos regionales y los consistorios, que perderían una y dos décimas de margen fiscal, respectivamente. Las más tocadas serían las autonomías, recalcan en Hacienda, ya que muchas, incluyendo a las gobernadas por el PP, han elaborado sus cuentas basándose en los objetivos de déficit que son más laxos.

Dudas

Los populares, pese a las insistencias de Hacienda, dudan de que esto sea así y confían en hacer valer su mayoría. Tal y como ha denunciado este lunes la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, su grupo en la Cámara alta ha pedido en hasta dos ocasiones, sin éxito, poder ver un informe que ya definen como “inexistente”. El rechazo de la senda fiscal, ha añadido el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, “está condicionado a que haya una negociación”, ya que los actuales son “objetivos de estabilidad que hacen a los españoles más pobres y desiguales”.

La ministra Montero, por su parte, ha acusado a la oposición de demagoga y ha dicho que “las comunidades han recibido un 47% más de recursos con el Gobierno de Pedro Sánchez que con el anterior Gobierno del PP”. “Suponen 250.000 millones más, sin incluir los fondos europeos”. En el Gobierno, en paralelo, llevan ya dos años rechazando la posibilidad de deflactar el IRPF, tal y como piden los populares, y esgrimen que son más útiles las rebajas focalizadas en los contribuyentes de menor renta.

Fuente: Cinco Días