La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) planta cara a Hacienda en los tribunales por el retraso de la Administración para devolver el IRPF a los pensionistas que en su día aportaron a las antiguas mutualidades.

La asociación ha informado este miércoles que ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional sobre el asunto y que, además, pide al Juzgado que estudie elevar la cuestión ante el Tribunal Constitucional.

Concretamente, la AEDAF recurre la Orden del Ministerio de Hacienda del modelo para declarar el IRPF en la campaña de este año (que comenzó el pasado 2 de abril y hasta el 30 de junio) que obligaba a estos pensionistas a solicitar este año solo la devolución del IRPF de un ejercicio, 2019. En vez de poder recuperar los cuatro años no prescritos de golpe (2019, 2020, 2021 y 2022).

Se entiende estos ejercicios como los no prescritos puesto que fue en 2023 cuando el Tribunal Supremo (TS) fijó que los pensionistas que en su día aportaron a mutualidades laborales tenían derecho a que Hacienda les devolviera el 25% del IRPF pagado por la parte de su pensión que se generó con estas aportaciones, si se realizaron entre 1967 y 1978, o el 100% de lo tributado, por la parte de la prestación generada antes de 1967.

Estas sentencias permitieron a los afectados recuperar el IRPF de los últimos cuatro años no prescritos, así como tributar menos en la Renta a partir de 2023.

Sin embargo, el Gobierno, ante el aluvión de solicitudes de los mutualistas pidiendo la devolución del IRPF (que asciende a un golpe de casi 1.000 millones por año para la Administración), aprobó en diciembre de 2024 una ley para devolver a estos pensionistas solo un pago por año. Es decir, este 2025 devolvería el ejercicio 2019; en 2026, el de 2020, en 2027, el de 2021; y en 2028, el de 2022.

«Lejos de articular un procedimiento ágil y respetuoso con los derechos de los contribuyentes, el Gobierno ha implementado un sistema excepcional, fragmentado y dilatado en el tiempo, que establece un régimen singular de devolución para este colectivo, sin razón objetiva ni justificación normativa suficiente. Nos encontramos ante una normativa que impone un trato discriminatorio y arbitrario a un colectivo concreto de contribuyentes, sin base legal ni causa que lo justifique, y que restringe injustificadamente los mecanismos ordinarios de devolución previstos en el ordenamiento tributario», denuncia la asociación.

A su juicio, la decisión del Ministerio de Hacienda vulnera derechos fundamentales y principios constitucionales tales como la igualdad, la prohibición de la arbitrariedad, la seguridad jurídica, la confianza legítima y la buena administración. Y critica que no proceda a devolver directamente todo el dinero a los afectados.

Finalmente, la AEDAF señala que aunque la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció en marzo que se iba a cambiar la ley para dejar sin efecto el aplazamiento de las devoluciones, «no se han traducido en nada efectivo». «Un nuevo giro que no ha hecho sino acrecentar la incertidumbre y la inseguridad jurídica que rodean a este proceso», concluye.

Fuente: El Economista