Desde mucho antes de la crisis del Covid, la proliferación de empresas zombies (aquéllas que llevan años sin operar y cuya reactivación real es imposible, por la elevada deuda que arrastran) constituye un problema en España.

 Se estima que en el Registro Mercantil aún aparecen cerca de 1,5 millones de sociedades de este tipo. Hasta ahora, el Instituto Nacional de Contabilidad (ICAC) sólo podía actuar contra ellas en los casos más graves, una situación que cambiará con los cambios introducidos por Economía en el Reglamento de la Ley de Auditoría. De ese modo, podrá perseguirse con mayor eficiencia costumbres tan habituales entre las empresas zombies como abstenerse de presentar sus cuentas anuales. De hecho, además de imponer multas, será posible retirarles el NIF y darles de baja en el Registro Mercantil. La persecución de este tipo de sociedades es importante en cualquier tiempo, ya que muchas no están aún disueltas porque sirven de tapadera a malas praxis económicas. Pero esta tarea urge especialmente en medio de una crisis de la características que presenta la actual. Como avisa en elEconomista el exgobernador del banco central de India, Raghuram Rajan, surge a escala global una burbuja de ayudas públicas y estímulos para impulsar la actividad económica que escapa a los controles debidos. Como resultado, una parte creciente de esos recursos está nutriendo a inversores y sociedades sin más objetivos que la especulación.

Ese mal uso resultaría especialmente dañino ahora que España se dispone a recibir los cuantiosos recursos del fondo europeo Next Generation. Urge así poner coto a las empresas fraudulentas y asegurar que no se benefician en absoluto de estas ayudas.

Fuente: ElEconomista.es