Bruselas inicia el proceso para reactivar unos objetivos de deuda y déficit suavizados en 2023.

Posted by JJL | 20 octubre, 2021

Da hasta fin de año a autoridades y sociedad civil para presentar sus propuestas. El nuevo marco, sensible a las inversiones verdes y digitales, se diseñará en el primer trimestre de 2022 y se pondrá en marcha al año siguiente.


Bruselas ha dado este martes el primer paso para reactivar en 2023 las reglas fiscales que rigen los objetivos de déficit y deuda de los países de la Unión Europea, suspendidas durante las crisis del Covid, suavizándolas para adaptarlas al incierto panorama pospandémico.

En concreto, la Comisión Europea ha puesto en marcha este martes una comunicación no legislativa que relanza el debate público sobre la conveniencia de revisar el marco de gobernanza económica de la Unión Europea con vistas a adaptarlo a los tiempos poscovid. El objetivo de Bruselas es debatir con tiempo con todos los agentes implicados para poder llegar a un consenso amplio sobre el camino a seguir una vez que se recupere el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, congelado desde la irrupción de la pandemia y en pausa al menos durante todo el año 2022.

Autoridades y sociedad civil tendrán hasta el 31 de diciembre de este año para presentar sus propuestas, mientras que la Comisión Europea aspira a diseñar el nuevo marco durante el primer trimestre de 2022. El Ejecutivo comunitario planteará, de esta forma, cómo deben retomar los Estados miembros la senda fiscal, que en principio se reactivaría el 1 de enero de 2023.

El documento distribuido este martes deja claro, en todo caso, que el reimpulso de los objetivos de deuda y déficit debe acometerse “cuando las condiciones económicas lo permitan”. “Retomar una senda de reducción de la relación entre deuda pública y PIB será fundamental para mantener unas finanzas públicas saneadas, evitar divergencias fiscales”, “preservar condiciones de financiación favorables para los sectores público y privado, y prevenir episodios de crisis” en el futuro.

Bruselas se muestra clara en este punto. La reconstrucción de los colchones fiscales es clave para poder reaccionar debidamente a las recesiones que se produzcan en el futuro, pero la consolidación de las cuentas públicas no debe tener por coste justamente causar nuevas crisis.

“Una reducción inicial demasiado grande de los coeficientes de endeudamiento implicaría un alto coste social y económico y sería contraproducente”, alerta, en particular en un contexto en que la política monetaria se irá constriñendo con riesgo de que la pandemia deje cicatrices duraderas en algunas de las economías comunitarias. El reequilibrio presupuestario, añade, debe ser “realista, gradual y sostenido”.

A falta de ver cómo se va concretando el rediseño, crecen las voces en Europa que ven con buenos ojos la posibilidad de que las inversiones verdes y digitales dejen de pesar en los cómputos fiscales, por ejemplo.

En el documento no legislativo hecho público, la Comisión plantea 11 preguntas a los agentes llamados a participar en el debate, como el Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social Europeo, el Comité de las Regiones, el Banco Central Europeo, los bancos centrales nacionales o los gobiernos y parlamentos nacionales. A las nueve cuestiones ya conocidas, como de qué manera se puede mejorar, simplificar y asegurar la implementación del marco para garantizar unas finanzas públicas sostenibles, se les unen dos más, vinculadas a la crisis económica del coronavirus y a la respuesta comunitaria.

En concreto, Bruselas deja en el aire en qué aspectos el diseño, la gobernanza y el funcionamiento del mecanismo de recuperación «pueden proporcionar conocimientos útiles en términos de gobernanza económica a través de una mejor propiedad, confianza mutua e interacción entre las dimensiones económica y fiscal». La Comisión también se pregunta cómo la pandemia ha remodelado las economías europeas y «si existen otros desafíos que el marco de gobernanza económica debería tener en cuenta más allá de los identificados hasta ahora».

Un nuevo desafío

Tal y como ha resumido el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, «Europa se mueve ahora en aguas más tranquilas después de las turbulencias causadas por la pandemia, pero la crisis ha hecho que algunos desafíos sean más visibles, como los mayores niveles de déficits y deuda, unas divergencias y desigualdades más amplias y la necesidad de más inversión». Por todo ello, ha recalcado, «necesitamos reglas de gobernanza económica que puedan abordar esos desafíos. Hoy lanzamos un debate público para ello».

El Ejecutivo comunitario inició a principios de 2020, antes de la irrupción de la pandemia, la revisión de las normas, cuya exigencia principal es que el déficit público de los socios se sitúe por debajo del 3% del producto interior bruto (PIB) y la deuda sea inferior al 60%. La reforma, sin embargo, quedó en suspenso una vez se desató la crisis sanitaria y económica. En marzo de 2020, Bruselas congeló la senda fiscal para permitir el ingente gasto público necesario para responder a la crisis, y tras la prórroga fijada en junio de 2021 (que llevó la suspensión a todo el año 2022), la Comisión pretende que las normas se hayan actualizado cuando llegue el momento de volver al pacto fiscal.

Las normas de disciplina fiscal se introdujeron por primera vez en el Tratado de Maastricht, hace casi tres décadas, y desde entonces han ido evolucionando hasta dar forma al actual Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Tanto la Comisión como varios socios de la Unión, incluyendo a España, coinciden en que las normas deberían simplificarse, pero discrepan en aspectos más fundamentales, como la validez de los límites de deuda y déficit en el nuevo contexto pospandémico o sobre si es necesario reorientar las reglas para fomentar la inversión.

Antes de la irrupción de la pandemia, el nivel medio de deuda en los países de la UE ya superaba con creces la frontera del 60%, hasta el 77,5%, pero con la crisis las ratios se han disparado hasta casi el 93%, con países como Grecia (209,3%), Italia (160%) y España (125,2%) en niveles preocupantes. La Comisión, por lo pronto, aboga por fijar sendas de reducción de deuda realistas para todos los países.

«Alcanzar un nuevo marco es una responsabilidad conjunta, crucial para el futuro de la Unión», ha asegurado el comisario económico, Paolo Gentiloni. «Estamos impulsando esta revisión de nuestra gobernanza en un contexto de enormes necesidades de inversión, ya que la emergencia climática se agudiza al mismo tiempo que el apoyo fiscal durante la pandemia ha llevado los niveles de deuda a ratios muy altas». Estos desafíos, ha solicitado, hacen que sea «todavía más esencial contar con un marco fiscal transparente y eficaz».

650.000 millones al año

El debate sobre la reformulación de las reglas fiscales europeas promete centrar parte del foco en el tratamiento de las cuantiosas inversiones en ciernes en materia de transformación medioambiental y digital. La posibilidad de que estos gastos no computen, o lo hagan solo parcialmente, en los cálculos de deuda y déficit comienza a abrirse camino en el debate europeo. Pese al rechazo de los llamados país frugales a abrir la mano de la ortodoxia fiscal, puestos a hacerlo puede tener sentido que sea para incentivar la respuesta a dos de los grandes retos pendientes.

De hecho, el documento elaborado por la Comisión Europea para poner en marcha el proceso de revisión sitúa las transiciones verde y digital como los dos mayores, y más caros, desafíos que afrontan las economías europeas a corto plazo. Ambas transformaciones requerirán, en conjunto, una inversión pública y privada de unos 650.000 millones de euros al año hasta el 2030.

El grueso del dinero se destinaría a la transición medioambiental, que moverá unos 520.000 millones al año, de los que el 60% se destinará a política climática y energética. Semejante consumo de recursos, asume Bruselas, pone en riesgo el crecimiento económico si su composición no se transforma a la par, dado que habrá que destinar más recursos a la inversión y menos al consumo.

Solo energía y transportes consumirán unos 390.000 millones al año, un incremento del 50% frente a las cifras que se vienen manejando, y 2,1 puntos más del PIB europeo. El capítulo incluye inversiones en la red eléctrica, las centrales generadoras de luz, calderas industriales, producción y distribución de nuevos combustibles, aislamiento de edificios, renovación energética e inversiones en nuevos vehículos o medios de transporte y sus infraestructuras. Y eso dejando de lado el riesgo de que la aceleración del cambio climático obligue a multiplicar los esfuerzos.

A su vez, se estima que hacen falta 130.000 millones de euros de inversión anual adicional para atender las políticas de protección medioambiental, defensa de la biodiversidad y de la economía circular.

En paralelo, el reto de digitalizar las economías europeas exigirá una inversión de 125.000 millones al año, en buena parte privados pero también públicos. En este campo será necesario elevar el gasto en redes de comunicaciones, formación y tecnología, con especial atención al desarrollo de las nubes de datos, los semiconductores y la inteligencia artificial. Y eso sin tener en cuenta la factura de digitalizar las administraciones públicas.

Fuente: Cincodías.com

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