Además de contaminar mucho, los plásticos crean debate. La ya conocida guerra entre recicladores (industria) y ecologistas se ha recrudecido con la actual regulación española de residuos: la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular ­(LRSCEC). Y ya van cinco.

Entre el sinfín de novedades que introduce esta trasposición, ya retrasada, de dos directivas europeas, la de 2018/851 y la de 2019/904 sobre residuos y plásticos de un solo uso, respectivamente, lo más espinoso está siendo el tema tributario.

La entrada en vigor en 2023 de un impuesto especial de 0,45 euros por kilogramo sobre los envases de plástico no reutilizables no ha dejado espacio a las medias tintas. Exentos quedan los medicamentos, productos agrícolas y reciclado mecánico certificado.

Donde las organizaciones ecologistas ven “una medida tibia y tardía”, como indican desde la Alianza Residuo Cero, las asociaciones de gran consumo detectan riesgos y solicitan un aplazamiento.“Es el peor momento para su aplicación, dada la situación económica”, subrayaba en rueda de prensa reciente José María Bonmatí, director de Aecoc, una de las 15 patronales que pide al Gobierno retrasarlo un año.

Pero las presiones –que no negociaciones– no han servido y el 1 de enero “España va a ser pionera con este tributo, uno de los compromisos de la lucha contra el cambio climático”, explican fuentes próximas a María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo. Respecto a un posible encarecimiento de productos, añaden que “ya se está trabajando para abaratar la cesta de la compra de los españoles. Hay un conjunto de reformas efectivas que han permitido a España ser el país con la inflación más baja en la zona euro”. Desde la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) hacen la réplica con números en la mano: “Tendrá un impacto directo de 690 millones de euros en nuestro sector”. Y trasladan su inquietud “por el perjuicio que supondrá frente a competidoras europeas”.

Recorrido en Europa

De momento, en Italia lo han pospuesto, mientras que en Portugal solo recae sobre productos alimentarios. Francia “lleva ventaja en la prohibición de envolver en plástico frutas y verduras si pesan menos de un kilo y medio”, destaca Carlos Arribas, portavoz del área de residuos de Ecologistas en Acción, quien considera que “este tipo de normas, que más que recaudar, modifican hábitos, se notan ya en los lineales de supermercados”.

El ejemplo de Alemania, “por su magnífico PET, con una media de reutilización de más de 20 usos, y que aquí importamos, ¡ojo!”, resalta Julio Barea, responsable de residuos en Greenpeace.

Un tributo muy expansivo

Referentes aparte, precisamente, la nueva tasa proviene de la UE y obliga a cada Estado miembro a abonar 80 céntimos de euro por cada kilo de residuos de envases de plásticos no reciclados. “Puede que este pago y el impuesto español estén relacionados, pero eso no está escrito. Es una decisión política, vinculada a la devolución de los fondos europeos por parte del Gobierno”, opina Belén Palao, la experta en el grupo de impuestos indirectos de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf).

“El carácter demasiado expansivo del tributo complicará la gestión de los datos e incrementará el riesgo de recaudar menos”. Intuye que afectará más a los envases primarios (botellas de agua, cestilla de las fresas y otras frutas, envoltorio del tóner, etc.) que al empaquetado agrupado y a su paletización y transporte”. Todo difuso y confuso, “¿de dónde salen las estimaciones numéricas que se están dando, son brutas o netas?”, se pregunta.

Para María Martínez-Herrera, responsable de medio ambiente de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), donde prevén una repercusión directa de unos 30 millones de euros anuales, “tampoco se ha pensado en el coste de la gestión administrativa y burocrática que conllevan las nuevas obligaciones, como distinguir el plástico virgen del reciclado, para lo que se están diseñando sistemas informáticos ad hoc”.

A la par, según empiece 2023 también se gravará el depósito en vertedero e incineración, que oscilará entre los 1,5 y los 40 euros por tonelada métrica.

Fuente: Cinco Días