Hacienda acelera las resoluciones de las solicitudes de rectificación del impuesto de Patrimonio, recurrido en el Tribunal Constitucional (TC) desde 2021, en busca de que los contribuyentes vean cerrados sus expedientes cuanto antes y evitar así devoluciones ante un fallo de la Corte de Garantías que anule el tributo.

El Constitucional ha limitado en los últimos años el impacto de sus sentencias, permitiendo que solo los ciudadanos que hayan recurrido las liquidaciones tributarias y mantengan aún vivos los asuntos (es decir, que no tengan una resolución firme en vía administrativa ni judicial) puedan beneficiarse de una devolución por parte del fisco.

Carlos Muñoz y Emma Corretger, ambos CEO y socios de CIM Tax & Legal, explican que la Administración Tributaria, en los últimos meses, está resolviendo las impugnaciones «a una velocidad insólita». En algunos casos, la respuesta ha llegado en tan solo quince días.

«Esto está pasando en la Administración tributaria catalana, en otras Administraciones e incluso en las rectificaciones que van por el Estado, que son las de los no residentes. Hacienda está corriendo mucho para llegar a situaciones de firmeza, bien para que la gente se canse por el camino o bien para que se vayan resolviendo en vía económico-administrativa o judicial y acaben antes de tener sentencia del Constitucional», indica Carlos Muñoz.

Una vez que el contribuyente ha recurrido el impuesto sobre Patrimonio ante Hacienda y obtiene respuesta negativa, el siguiente paso es acudir a los tribunales económico-administrativos regionales. En esta instancia, los expertos señalan que también se está respondiendo a mucha velocidad. Si lo normal es obtener respuesta entre un año y medio y tres años, lo están haciendo en seis meses.

Emma Corretger expone que la siguiente fase son los Tribunales Superiores de Justicia. En estos casos, hay tribunales que están suspendiendo los recursos a la espera del Constitucional (como Baleares, La Rioja o Aragón), pero otros no.

«No tenemos un artículo en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa que permita a los TSJ suspender aquellos procedimientos que se encuentran en trámite en el Constitucional, lo cual nos lleva a un ámbito de inseguridad jurídica para todos», indica Emma Corretger. Y añade que esto provoca costes para los contribuyentes que tienen que seguir recurriendo para mantener vivo el asunto, y costes para la Administración y la justicia.

Carlos Muñoz indica que, aunque los TSJ no tengan una norma específica que les obligue a suspender estos procedimientos, tampoco tienen otra que les prohíba suspender. Además, añade que tienen la posibilidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad al TC y parar los expedientes pendientes, pero ninguno lo ha hecho ni tampoco la Audiencia Nacional que lleva los casos de los no residentes.

«Entonces, si tenemos sentencia de alguno de estos tribunales lo único que quedará es presentar un recurso de casación ante el Supremo con los costes que implica y la incertidumbre de que lo admita o no. Si no lo admite o lo resuelve, llegaríamos a una situación consolidada imposibilitando al contribuyente beneficiarse de un fallo del TC a favor», explica. «Lo único que le quedaría es pedir la responsabilidad patrimonial al Estado, que es larga y difícil», advierte.

Ambos expertos aseguran que los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional aún no está fallando sobre esos asuntos, pero las sentencias llegarán pronto.

El Tribunal Constitucional admitió en abril de 2021 el recurso del PP contra el impuesto de Patrimonio, en el que se impugnó que se utilizara una Ley de Presupuestos Generales del Estado (la de 2021) para hacer permanente este tributo, al considerar que no era la figura adecuada para hacerlo.

La Corte mantiene desde entonces el asunto parado, mientras los contribuyentes recurren año a año la liquidación del impuesto para evitar quedarse sin devolución, y lo espera resolver en 2026, según avanzaron en su día fuentes fiscales a este medio.

Fuente: El Economista