El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, ha planteado un nuevo sistema en el que las Comunidades Autónomas que lo deseen puedan recibir los ingresos de los impuestos que comparten con el Estado (IVA, IRPF e Impuestos Especiales) en tiempo real y no a través de las tradicionales entregas a cuenta.

Gascón ha dejado patente que el Ministerio de Hacienda defiende un modelo alternativo frente a iniciativas parlamentarias recientes de ERC, que buscan modificar la gestión de impuestos, ha señalado en el acto de clausura del XXXV Congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda.

El Ministerio defiende que abrir la delegación de competencias en materias complejas como el control de actividades económicas, la fiscalidad internacional, o grandes patrimonios iría en contra de la eficacia, eficiencia y las economías de escala del sistema tributario. Por ello, Jesús Gascón ha dicho que «la evolución debe pasar por el trabajo conjunto, más intenso e integrado bajo el paraguas de la Administración en Red».

Lo que se está analizando es que, en el momento en que el dinero, el flujo monetario ya acordado y disponible pasa a ser utilizable, se distribuya a la vez al Estado y a las Comunidades Autónomas.

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Hacienda busca conseguir que el dinero del IRPF, del IVA y de otros impuestos compartidos llegue simultáneamente a todas las Administraciones. La asignación se haría de acuerdo con las reglas de financiación establecidas en la ley. Lograr este cambio en la gestión que afecta a las entregas a cuenta exige importantes modificaciones de la normativa reguladora del sistema de financiación,

«No tiene sentido pensar en una delegación incondicionada, ilimitada o inconcreta de competencias clave. Abrir la delegación iría en contra de la eficacia, la eficiencia y las economías de escala en la gestión de materias complejas como el control de contribuyentes con actividades económicas, fiscalidad internacional, delito fiscal, o grandes patrimonios distribuidos en distintos territorios o el extranjero», ha afirmado.

A este respecto, ha explicado que el escenario de financiación territorial es complejo, ya que cualquier cambio requiere modificar varias leyes, como la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y la Ley de Cesión de los Tributos. Actualmente, no hay ningún proyecto normativo en marcha que afecte a estos temas, salvo la condonación de parte de la deuda autonómica.

El modelo ministerial
El modelo propuesto por el Ministerio es la Administración en Red, recurre a la tecnología compartida. La Administración del Estado, la AEAT, debe poner un sistema de información potente (medios tecnológicos e informáticos) al servicio del resto de las administraciones tributarias autonómicas, aprovechando las economías de escala.

Al compartir el entorno tecnológico y los procedimientos, las Administraciones pueden integrar poco a poco sus estrategias y planificación, logrando una gestión más eficaz sin buscar integraciones orgánicas o la desintegración de lo existente.

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Gascón ha explicado que el sistema actual es criticado porque el Estado recibe los recursos de impuestos compartidos (50% estatal, 50% autonómico) y las comunidades reciben entregas a cuenta precalculadas, liquidándose el sistema dos años después. Esto implica que los incrementos de recaudación llegan tarde a las CCAA.

El modelo puede evolucionar en la gestión del flujo monetario generado por las declaraciones tributarias. Actualmente, los ingresos llegan a una cuenta del Tesoro Público que permanece indisponible durante 15 días mientras se realizan los arqueos y las conciliaciones.

El objetivo técnico es que, en el momento en que el dinero pase a ser disponible, se distribuya a la vez» al Estado y a las comunidades autónomas. Esto garantizaría que el dinero de los impuestos compartidos llegue a la vez a todas las administraciones, de acuerdo con las reglas de financiación establecidas. Este cambio, sin embargo, exige importantes modificaciones de la normativa reguladora del sistema de financiación, ya que afecta a las entregas a cuenta.

De esta forma, ha apostado por la evolución del modelo. A este respecto ha señalado que las declaraciones tributarias generan un flujo de información y un flujo monetario (a una cuenta del Tesoro Público.

El objetivo técnico es que, en el momento en que el dinero pase a estar disponible, se distribuya a la vez al Estado y a las comunidades autónomas. Esto garantizaría que el dinero del IRPF y el IVA llegue simultáneamente a todas las administraciones, de acuerdo con las reglas de financiación. Este cambio requiere importantes modificaciones normativas, ya que afecta a las entregas a cuenta.

Dos ejemplos del nuevo sistema
El secretario ha puesto como primer ejemplo el del Impuesto de Matriculación Aunque las CCAA podrían reclamar su gestión, ninguna lo ha pedido. Gascón argumenta que la gestión desagregada de este impuesto tiene poco sentido, ya que se necesita un sistema de información que ya funciona (alimentado por fuentes como la Dirección General de Tráfico).

El modelo en red permitiría la colaboración concurrente de la administración autonómica en la gestión y control del impuesto, utilizando la infraestructura informática del Estado. Esto podría hacerse mediante un convenio de colaboración si la CCAA solo realiza diligencias de colaboración, sin dictar actos de liquidación.

Este modelo de participación puede extenderse a otros tributos gestionados exclusivamente por la AEAT o, incluso, a tributos gestionados por las CCAA (siempre que la ley lo permita y se realicen las modificaciones legislativas necesarias). El modelo en red no es rígido; las comunidades pueden elegir si participan y con qué grado de intensidad, todo ello amparado normativamente.

Como segundo ejemplo, se ha referido al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Actualmente, la Agencia Tributaria del Estado comprueba exclusivamente las deducciones autonómicas.

Gascón propone cambiar la ley para que las Administraciones autonómicas tengan competencias de control en esta materia que corresponde a normas aprobadas por su Parlamento.

No obstante, esto debe suceder dentro del sistema de gestión y control de la Agencia Tributaria. Este modelo de trabajo coordinado se ha firmado ya con Cataluña y está previsto extenderse si se producen los cambios legislativos correspondientes para el año 2026.

Presupuestos Generales del Estado
La tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos para el año siguiente es inminente, incluyendo la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la aprobación del techo de gasto.

Gascón ha descrito la secuencia de pasos que se deben llevar a cabo para la tramitación del presupuesto. Primero, la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En segundo lugar, la aprobación del techo de gasto por el Consejo de Ministros; P.steriormente, El pronunciamiento del Parlamento sobre los objetivos de reducción de deuda y déficit sobre el PIB de los distintos niveles de gobierno. Y, finalmente, la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos para el año siguiente.

Aunque Gascón ha indicado que no tenía fechas específicas, insistió en que el inicio de este proceso es «inminente en cualquier caso».

Además, ha señalado que las leyes de presupuestos siempre contienen «una parte fija de contenido tributario». Mencionó específicamente que el proyecto de ley de presupuestos para el año 26 también contendrá este ámbito.

Fuente: El Economista