Las pymes llevan décadas conviviendo con una fiscalidad que muchas veces sienten más como un freno que como un apoyo. Más allá de crisis puntuales como la pandemia, la inflación o el encarecimiento de la financiación, las pymes —que representan el 99,8% del tejido empresarial, según Funcas— siguen operando desde hace décadas en un entorno fiscal complejo, cambiante y poco adaptado a su tamaño y recursos. Esta asimetría estructural respecto a grandes compañías no solo impacta en su competitividad, sino que limita su capacidad para crecer, innovar o internacionalizarse. Durante años hemos hablado de fiscalidad para pymes en términos de carga. Pero en un momento en que las empresas necesitan ganar tamaño, profesionalizarse y adaptarse a los nuevos retos, es hora de cambiar el enfoque. La fiscalidad puede -y debe- entenderse también como un instrumento proactivo de política económica. Una herramienta capaz de facilitar la modernización, ordenar la sucesión o estimular la inversión. Esta es la mirada que hoy necesita el ecosistema pyme: no resignarse al marco impositivo como una barrera, sino explorar su potencial como motor de transformación. Uno de los ámbitos donde la fiscalidad juega un papel relevante es el relevo generacional. En España, más del 90% de las pymes son familiares. Sin embargo, solo un 70% cuenta con un plan de sucesión. Los procesos de relevo generacional representan un reto crítico para mantener el patrimonio familiar. Muchas podrían desaparecer no por falta de rentabilidad, sino por no haber previsto cómo pasar el testigo a la siguiente generación.

La normativa actual contempla beneficios fiscales para facilitar ese traspaso (como reducciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o en el de Patrimonio). Sin embargo, la complejidad técnica de los requisitos, su diferente desarrollo en cada CCAA y la necesidad de anticipar bien los tiempos, hacen que muchas empresas no puedan beneficiarse de estos incentivos. Debemos apostar por la divulgación de estas herramientas, por concienciar al empresario sobre su relevancia y garantizar mayor seguridad jurídica en su aplicación. Porque ayudar a estas empresas a sobrevivir no es solo proteger empleo, sino también preservar el tejido productivo local y el equilibrio territorial. Un buen ejemplo de avance en este sentido es la Ley de Apoyo Fiscal a la Empresa Familiar aprobada recientemente por el Gobierno de Aragón. Su objetivo es ese: eliminar incertidumbres y ofrecer un marco estable que facilite el relevo intergeneracional de estas empresas. Otro aspecto poco visible pero relevante, es la forma jurídica de las pymes. Muchas veces, decisiones como operar como empresario individual o como sociedad no se adoptan con una visión estratégica, sino por rapidez o comodidad en el momento de constitución. Pero esas decisiones tienen consecuencias fiscales a largo plazo. La fiscalidad debería favorecer que las empresas apuesten por estructuras que impulsen la profesionalización, favorezcan la inversión y generen estabilidad.

Y cuando hablamos de pymes con forma societaria, hay margen para avanzar. Más allá de la rebaja de tipos del Impuesto sobre Sociedades o los incentivos a la reserva de capitalización, sería recomendable introducir medidas fiscales que permitieran impulsar los planes de inversión y su financiación. Que premien la reinversión y apoyen los planes de crecimiento. Especialmente cuando la liquidez es limitada y la necesidad de digitalización y transformación, urgente. De esta manera, las pymes podrán contar con una ventaja real que les permita ser competitivas. En paralelo, la creciente regulación ESG supone una oportunidad, pero también un desafío. Son principios necesarios, pero su cumplimiento implica una carga administrativa y económica significativa, especialmente para las pequeñas empresas. Aquí también la fiscalidad puede ser un aliado. Por ejemplo, con deducciones por inversiones que mejoren la eficiencia energética, promuevan la igualdad o refuercen la gobernanza interna. Sería una forma de alinear objetivos sociales con incentivos reales, sin comprometer la viabilidad empresarial.

Otro punto de fricción habitual para las pymes es el régimen sancionador y la inseguridad jurídica en torno a la política fiscal. La complejidad normativa, junto con cambios constantes en criterios interpretativos, genera incertidumbre y eleva los costes de cumplimiento. Resulta clave apostar por una administración tributaria cercana, con mayor vocación pedagógica y preventiva, que acompañe al tejido empresarial. También sería conveniente reforzar los canales de consulta vinculante y fomentar modelos de cumplimiento cooperativo adaptados a la dimensión de las pymes, sin que ello implique nuevas obligaciones administrativas. No puede pasarse por alto el impacto de la sobrerregulación. Muchas empresas se enfrentan a normativas solapadas o contradictorias entre distintos niveles de la administración, lo que genera costes adicionales de gestión y cumplimiento. Una revisión del marco regulatorio con enfoque pyme, acompañada de una evaluación del impacto, permitiría aliviar esta carga y mejorar su competitividad. Tampoco ha desaparecido el reto de la internacionalización. Muchas pymes ya operan en otros mercados, pero siguen encontrando trabas como la doble imposición, la gestión del IVA intracomunitario o la complejidad de los convenios internacionales.

Facilitar herramientas de asesoramiento, simplificar procedimientos tributarios y fomentar acuerdos bilaterales eficaces contribuiría a hacer accesible el mercado global a las pequeñas empresas. Por último, no podemos olvidarnos de las personas. El desafío de atraer y retener talento en un contexto de envejecimiento poblacional y alta competencia laboral. Deducciones vinculadas a la formación, contratación indefinida o mejora de condiciones laborales podrían suponer un impulso clave, especialmente para las pymes que no pueden competir con los salarios de las grandes. Medidas fiscales que, además de reducir la carga fiscal, ayuden a consolidar un tejido empresarial más robusto y resiliente. Repensar la fiscalidad de las pymes no significa recaudar menos, sino diseñar un marco estable, coherente y adaptado a su realidad. Uno que acompañe, en lugar de frenar. Que incentive, en vez de sancionar. Que contribuya a que estas empresas puedan centrar sus energías en lo que mejor saben hacer: generar empleo, innovar, y crear valor económico y social en los territorios donde operan. La fiscalidad, bien entendida, puede ser no solo un instrumento de recaudación: también una palanca de crecimiento para el principal motor económico del país. Las pymes merecen una fiscalidad que esté de su lado.

Fuente: El Economista