El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este lunes el informe sobre el anteproyecto de Ley para modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

El informe, de más de cien páginas, critica que la futura norma no prohíba de forma expresa y taxativa que el Gobierno pueda «dirigir al Fiscal General del Estado órdenes, instrucciones o indicaciones, en línea con lo previsto para la Fiscalía Europea». El texto recuerda que la norma sí establece límites a las solicitudes que el Ejecutivo puede pedir al Ministerio Público, prohibiendo que puedan estar relacionadas con procedimientos concretos y además obliga a que estos requerimientos se hagan por escrito y se les dé transparencia.

Sin embargo, nada dice al respecto de las solicitudes directas al propio Fiscal General del Estado.

El anteproyecto de ley tiene como objetivo potenciar la autonomía de la Fiscalía y desligarla del Gobierno, según las peticiones de la Unión Europea, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Estado (GRECO).

Uno de los principales cambios al respecto es que se extiende el mandato del Fiscal General del Estado de cuatro a cinco años para que deje de estar ligado a una legislatura en concreto y solo podrá ser cesado por incumplimiento grave o reiterado.

Otra de las grandes críticas del CGPJ al texto del anteproyecto es el despojo de competencias que hace al Consejo Fiscal eliminando su capacidad de contrapeso al Fiscal General del Estado. El informe recuerda que el Consejo Fiscal es un órgano elegido por todos los fiscales en activo de forma anónima y transparente. «En la sistemática del anteproyecto el Consejo Fiscal se configura como órgano de asesoramiento y consulta del Fiscal General del Estado cuyas funciones se circunscriben al ámbito consultivo, sin participación determinante en la toma de decisión, por lo que reducen sus competencias. Esta modulación del papel del Consejo Fiscal como órgano representativo de la Carrera Fiscal no parece estar en línea con el propósito de reforzar la autonomía también en el ámbito interno», dice el documento.

Finalmente, cuestiona que las modificaciones para que sea la Fiscalía la encargada de investigar los procesos penales y dirigir en ellos a la Policía Judicial entre en vigor el 1 de enero de 2028, en vez de a la par que la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que las acompaña. En esta línea, recuerda que aunque el Ministerio Fiscal pueda dirigir a la Policía Judicial, se debe entender sin perjuicio de que este cuerpo depende de los jueces y tribunales.

Fuente: El Economista