El Consejo de Ministros aprobará hoy un Real Decreto-ley para actualizar las entregas a cuenta de autonomías y ayuntamientos mientras busca recobrar la confianza de sus socios parlamentarios tras el escándalo de Cerdán.

Con seis meses de retraso, el Gobierno se ha decidido finalmente a desbloquear la actualización pendiente de los fondos autonómicos y municipales. La aprobación del pago de las entregas a cuenta, que el Consejo de Ministros prevé aprobar hoy, supondrá el reparto de unos 11.000 millones de euros entre gobiernos regionales y ayuntamientos en plena campaña del ala socialista del Ejecutivo por reafianzar la confianza de sus socios parlamentarios y estabilizar la legislatura tras el escándalo de corrupción que envuelve al número tres del PSOE, Santos Cerdán.

De hecho, la medida fue presentada ayer por la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda, número dos del PSOE y candidata a presidir la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, como ejemplo de las iniciativas que tiene pendientes el Ejecutivo y que justifican que agote la legislatura.

«Tenemos muy claro, desde el Partido Socialista y desde el Gobierno, que nos sobran los motivos para que esta legislatura pueda completar todo ese programa de gobierno que el presidente anunció en su investidura», declaro Montero en RNE, anunciando como «ejemplo» que hoy mismo prevé «llevar al Consejo de Ministros un decreto ley para aprobar la actualización del dinero, de las entregas a cuenta, de los recursos que reciben comunidades autónomas y ayuntamiento».

La actualización de las entregas a cuenta de 2024, por 10.840 millones de euros, lleva unos seis meses pendiente y su activación se había convertido en un clamor entre comunidades autónomas y ayuntamientos, pues la falta de recursos ha llegado a provocar tensiones de tesorería que complican el pago a proveedores en regiones como la Comunidad Valenciana, según denunció el gobierno regional.

Inicialmente, el Gobierno central introdujo el pago en el Real Decreto-ley ómnibus de finales del pasado año, que incluía la actualización de las pensiones y el salario mínimo, la ampliación del escudo antiopas o de la moratoria de desahucios. Sin embargo, Junts, PP y Vox lo tumbaron en enero al oponerse a su convalidación en el Congreso de los Diputados argumentando que el paquete mezclaba demasiados temas diferentes.

Aunque el Gobierno ha ido relanzando luego el grueso de las otras medidas del decreto fallido, la transferencia de las entregas a cuenta llevaba bloqueada desde entonces y fue una de las principales reivindicaciones de los gobernantes autonómicos durante la Conferencia de Presidentes del pasado 6 de junio en Barcelona.

«Vamos a volver a llevarlo a ver si ahora el PP cambia de opinión y le da oxígeno a comunidades autónomas y ayuntamientos que necesitan esos recursos y que siendo incluso del color político del PP, por el simple hecho de intentar hacer una derrota parlamentaria, no vieron la luz», adujo ayer Montero, responsabilizando al partido líder de la oposición por haberse opuesto al decreto de enero.

La decisión de reactivar ahora el pago llega en medio del peor episodio de inestabilidad del Gobierno de coalición formado por PSOE y Sumar, después de que la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco del caso Koldo, apuntara al presunto cobro de comisiones por adjudicación de obras por parte del hasta ahora secretario de organización socialista, Santos Cerdán, que se ha dado de baja del partido y ha entregado su acta de diputado. Un escándalo por el que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido disculpas públicamente y que ha llevado socio minoritario del Ejecutivo y a los socios parlamentarios a pedir explicaciones. De hecho, Sánchez ya ha anticipado que iniciará una ronda de contactos con todos los grupos que apoyaron su investidura para medir la temperatura del bloque y escuchar sus peticiones para garantizar la legislatura.

Una estrategia que será engrasada hoy con la aprobación de las entregas a cuenta. A partir de ahí, «es importante que el presidente se reúna con los grupos, los escuche, estemos abiertos a sugerencias de mejora, de medidas, de propuestas que los grupos parlamentarios puedan poner encima de la mesa», aseveró Montero, asegurando que «no hay ningún tipo de planteamiento de adelanto electoral».

Pendiente el pago de 2025
Conviene recordar que el desbloqueo de las entregas a cuenta para los ayuntamientos, por 1.165 millones, era un compromiso pendiente del PSOE con ERC, sellado en las últimas semanas pero sin calendario. En paralelo, la actualización de los fondos de las comunidades autónomas supondrán, según los datos oficiales de Hacienda de enero, el desembolso de 9.665,2 millones para las regiones, incluyendo 1.910 de Cataluña, 1.828 de Andalucía, 1.286 de Madrid y 814 de Comunidad Valenciana (ver gráfico).

Una vez efectuada la actualización de fondos correspondiente a 2024, que es la que en principio abordará hoy el Consejo de Ministros, seguirá pendiente la del año 2025 dada la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado, cuya cuantía será todavía superior debido al crecimiento de la economía y de los ingresos públicos.

Montero asegura que su «gran ilusión» es acordar unos Presupuestos con los socios parlamentarios
Una vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado responder a la crisis política adelantado las elecciones previstas para 2027 o sometiéndose a una cuestión de confianza en el Parlamento, crece la presión ya existente para que el Ejecutivo logre atar al menos un proyecto presupuestario con el que amarrar la legislatura. «Esa sería la gran la gran ilusión de una ministra de Hacienda, el que tengamos la capacidad de abordar mucho más esa alianza con los grupos parlamentarios para aprobar ni más ni menos que unos Presupuestos Generales del Estado», sostuvo ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, titular de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero.

El actual Gobierno formado por PSOE y Sumar tras las elecciones de 2023 no ha aprobado de momento ningunas cuentas públicas, y se ha limitado a prorrogar las de aquel ejercicio en 2024 y 2025. Oficialmente, el Ejecutivo aún no ha renunciado a presentar un proyecto presupuestario específico para este año, si bien el calendario le empuja ya a comenzar la elaboración de las cuentas e 2026, que según la Constitución debería enviar al Parlamento antes de que concluya septiembre. Una vez que el Gobierno confirme que trabaja ya en las cuenta del próximo año deberá acometer por decreto el pago de las entregas a cuenta de 2025, que normalmente se incluyen en las cuentas públicas de cada ejercicio.

Fuente: Expansión