«Nos han metido el primer gol». Fuentes de los técnicos de Hacienda, representados por Gestha, se expresan de este modo ante la exclusión de unos 200 funcionarios destinados en Cataluña de la gestión de la Campaña de la Renta. En mayo, estos trabajadores participaron con normalidad en una de las principales tareas anuales del organismo. Por eso, la decisión ha sentado especialmente mal entre los técnicos, que en comentarios a elEconomista.es ven relación entre este hecho y el fortalecimiento de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC).

Y es que la Hacienda propia colabora este año más estrechamente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en la Campaña del IRPF. Con este fin, la ATC ha fichado a 102 trabajadores para que temporalmente ayuden a la agencia estatal en la atención presencial y telefónica de los contribuyentes. A esto se suma que recientemente se ha anunciado la creación de 200 plazas para el organismo autonómico, con el objetivo de dotarlo con suficientes recursos para asumir la gestión integral de los impuestos en cumplimiento de los acuerdos entre PSC y ERC.

Desde Gestha se cuestiona el orillamiento de los funcionarios estatales en Cataluña a la luz de estos movimientos. Si bien es cierto que la misma decisión tomada para la delegación catalana se ha seguido en la delegación de Madrid, donde también se ha reducido el número de operadores en base al menor volumen de citas atendidas.

En declaraciones a este medio, un portavoz del Ministerio que dirige María Jesús Montero señala que «los cambios en el número de funcionarios dedicados a la Campaña en la AEAT no tienen ninguna relación con la mayor oferta de servicio de la ATC, que es a mayores sobre la que venimos realizando y seguimos realizando desde la AEAT». «No se sustituye servicio nuestro este año –se insiste–, sino que se amplía por parte de la ATC. En cuanto al efecto de ese cambio de funcionarios, prevemos que la AEAT preste el mismo nivel de servicio presencial este año en Cataluña».

Pero según los técnicos, la delegación de Cataluña no justifica la metodología de cálculo del umbral mínimo de declaraciones, ni el grado de dificultad de unas u otras actuaciones, ni el número de citas solicitadas por los contribuyentes.

A este respecto, las mismas fuentes argumentan que no es lo mismo ejecutar una declaración sencilla que otras en las cuales intervienen ganancias patrimoniales sujetas a retención o transmisiones de valores o inmuebles heredados, o verificar la deducción por doble imposición internacional.

Los técnicos consideran que estas «decisiones arbitrarias» tienen dos consecuencias directas: una es la desafección de un personal cualificado al que se le ha exigido una formación específica para la campaña y superar un examen, invirtiendo su tiempo y esfuerzo fuera de la jornada laboral. Otra es la pérdida de calidad del servicio de ayuda a la declaración.

Fuente: El Economista